La devastación provocada por la DANA se debe, en parte, a la demolición de presas para cumplir con la Agenda 2030
España se encuentra sumida en una profunda tragedia tras el devastador impacto de la DANA en la Comunidad Valenciana. La tragedia ha dejado más de 200 muertos y centenares de desaparecidos.
Las fuertes lluvias torrenciales que azotaron la región han provocado inundaciones sin precedentes. Ante esta crisis, muchos han mostrado su indignación contra el Gobierno. Esto en especial por las políticas medioambientales de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
España ha adoptado una política dirigida a combatir el cambio climático a través de la "restauración del cauce natural de los ríos". Esta medida, promovida bajo los principios de la Agenda 2030, incluye la demolición de cientos de presas y embalses en todo el país. Esto, según afirma el Gobierno, permite revitalizar los ecosistemas fluviales al devolver a los ríos sus flujos naturales.
Sin embargo, esta medida ha sido severamente cuestionada a raíz de las inundaciones. Varios expertos señalan que la demolición de embalses dejó a millones de personas más expuestas a los efectos de las fuertes lluvias.
España es líder europeo en demolición de infraestructuras fluviales. Se han destruido 560 embalses y presas en los últimos 20 años. Esto ha hecho que aumente el riesgo de inundaciones en zonas habitadas.
La DANA en la Comunidad Valenciana ha sido un claro ejemplo de ello. Sin las presas y embalses que anteriormente regulaban los caudales de los ríos, las fuertes precipitaciones no tienen barreras que frenaran el torrente de agua.
Presas como la de Retuerta en Ávila, la de Robledo de Chavela en Madrid o la del río Ter en Cataluña pueden también sufrir, probablemente, este problema. La ausencia de estas barreras de contención provoca que los ríos arrasen con viviendas y carreteras.
Los expertos señalan que en situaciones los embalses juegan un papel crucial en el control del caudal de los ríos. La eliminación de estas estructuras ha dejado a muchas comunidades sin protección frente a desastres naturales como este.
El Gobierno sigue adelante con sus planes de demolición de presas, con un presupuesto de 2.500 millones de euros destinados a esta iniciativa hasta 2030. Esta política busca cumplir con los compromisos internacionales de conservación medioambiental. Sin embargo, ha sido criticada por expertos que consideran que priorizar la "restauración fluvial" antes que la protección de las comunidades es un error.
La tragedia que ha golpeado a la Comunidad Valenciana ha unido al país en la solidaridad hacia los damnificados, pero también en la crítica hacia la gestión gubernamental. Las fuertes lluvias y las inundaciones han revelado los riesgos de un enfoque medioambiental que, si bien persigue nobles objetivos, parece haber dejado de lado la seguridad de los ciudadanos.
