Los falsos MENAS: Un negocio millonario que enriquece a mafias y ONG's
Una vez en aguas españolas, les instruyen con guiones detallados
porAdais Cásares
politica
Las ONG contratadas por el Gobierno para gestionar los centros de acogida se lucran con los falsos menas
En las costas de Canarias, un drama humanitario se ha convertido en un próspero negocio criminal. Adultos inmigrantes, procedentes principalmente de Marruecos y Argelia, fingen ser menores no acompañados (MENAS) para infiltrarse en el sistema de protección infantil español.
Este fraude no solo satura los centros de acogida, sino que genera miles de euros de beneficio para mafias organizadas y organizaciones no gubernamentales (ONG).
Todo ello, según denuncian expertos y autoridades locales, con la complicidad pasiva del Gobierno central de Pedro Sánchez. El mismo que ignora las evidencias y mantiene un "coladero" migratorio sin controles efectivos.
El fenómeno de los falsos MENAS ha explotado en los últimos años. Canarias, puerta de entrada principal de la inmigración irregular a Europa, recibe diariamente pateras con cientos de personas.
Muchos de estos adultos, con edades reales superiores a los 18 años, declaran ser adolescentes para evitar la deportación inmediata. Una vez declarados como menores, el Estado español asume su tutela.
Esto les permite residir legalmente hasta la mayoría de edad, momento en el que solicitan permisos de residencia.
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Las mafias transfronterizas son las grandes beneficiarias de esta estafa. Operando desde las costas africanas, estos grupos criminales cobran sumas elevadas a los migrantes por el viaje en patera.
Una vez en aguas españolas, les instruyen con guiones detallados: cómo alterar documentos, qué historias contar y hasta cómo comportarse para aparentar juventud.
Fuentes policiales estiman que estas redes facturan millones de euros al año solo en Canarias. No se trata de un error aislado, sino de una industria bien aceitada.
Así operan las mafias de Menas
Un informe reciente de la Guardia Civil detalla cómo estos clanes reclutan a jóvenes adultos en el Sáhara Occidental. Les prometen un futuro en Europa a cambio de pagos que oscilan entre los 2.000 y 5.000 euros por persona.
Pero el engranaje no termina en el mar. Las ONG, contratadas por el Gobierno para gestionar los centros de acogida, también se lucran con el caos.
Cada plaza ocupada en estos recursos genera ingresos directos para las entidades. En Canarias, hay más de 5.000 MENAS acogidos, y los centros operan al límite de su capacidad, con listas de espera que superan las semanas.
"Las ONG implicadas en la gestión de estos falsos menores callan ante las irregularidades, porque cada plaza les reporta ingresos", denuncia el artículo de La Gaceta que ha destapado el escándalo.
Estas organizaciones reciben fondos públicos millonarios: solo en 2024, el presupuesto para acogida en las islas superó los 100 millones de euros. Sin embargo, pocas invierten en verificaciones rigurosas de edad, priorizando la cantidad sobre la calidad.
El Gobierno de Sánchez, criticado duramente por su inacción, es el eslabón débil de esta cadena. A diferencia de otros países europeos, España no exige pruebas óseas obligatorias ni evaluaciones médicas iniciales para determinar la edad real de los llegados.
Esto permite que adultos se mezclen con niños verdaderos, exponiendo a estos últimos a riesgos graves, como abusos o violencia.
Un caso paradigmático ilustra la gravedad del problema. En septiembre pasado, un "menor" llegado a Lanzarote estaba a punto de ser reubicado en un centro de Extremadura. Todo parecía en orden hasta que una prueba de edad, solicitada por iniciativa local, reveló que el individuo tenía 19 años.