En las costas de Canarias, un drama humanitario se ha convertido en un próspero negocio criminal. Adultos inmigrantes, procedentes principalmente de Marruecos y Argelia, fingen ser menores no acompañados (MENAS) para infiltrarse en el sistema de protección infantil español.
Este fraude no solo satura los centros de acogida, sino que genera miles de euros de beneficio para mafias organizadas y organizaciones no gubernamentales (ONG).
Todo ello, según denuncian expertos y autoridades locales, con la complicidad pasiva del Gobierno central de Pedro Sánchez. El mismo que ignora las evidencias y mantiene un "coladero" migratorio sin controles efectivos.
El fenómeno de los falsos MENAS ha explotado en los últimos años. Canarias, puerta de entrada principal de la inmigración irregular a Europa, recibe diariamente pateras con cientos de personas.
Muchos de estos adultos, con edades reales superiores a los 18 años, declaran ser adolescentes para evitar la deportación inmediata. Una vez declarados como menores, el Estado español asume su tutela.
Esto les permite residir legalmente hasta la mayoría de edad, momento en el que solicitan permisos de residencia.
Las mafias transfronterizas son las grandes beneficiarias de esta estafa. Operando desde las costas africanas, estos grupos criminales cobran sumas elevadas a los migrantes por el viaje en patera.
Una vez en aguas españolas, les instruyen con guiones detallados: cómo alterar documentos, qué historias contar y hasta cómo comportarse para aparentar juventud.
