La citación, firmada por el magistrado Ángel Hurtado, afecta a Pilar Sánchez Acera y Francesc Vallés Vives
El Tribunal Supremo ha citado a declarar a dos ex altos cargos del Gobierno en el marco de la investigación sobre la filtración de la pareja de Ayuso.
La citación, firmada por el magistrado Ángel Hurtado, afecta a Pilar Sánchez Acera, exdirectora del Secretario de Estado del Gabinete de la Presidencia, y Francesc Vallés Vives, ex secretario de Estado de Comunicación.
Ambos deberán comparecer el próximo 12 de marzo en calidad de testigos en la causa que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Por un posible delito de revelación de secretos.
La investigación se centra en la filtración de un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña. En el que se negociaba un acuerdo con la Fiscalía para evitar un juicio por fraude fiscal. Este documento fue publicado en marzo de 2024 por el medio digital El Plural, desatando una tormenta política.
Según las pesquisas judiciales, Sánchez Acera habría compartido una captura de pantalla del correo con Juan Lobato, líder del PSOE en Madrid. Con la intención de que la información fuera utilizada contra Ayuso en la Asamblea de Madrid. Por su parte, Vallés también habría intervenido en la cadena de distribución del documento antes de su publicación.
El magistrado ha solicitado además a la Guardia Civil información sobre los dispositivos electrónicos del fiscal general. Desde junio de 2023 para analizar posibles comunicaciones relacionadas con la filtración.
En este sentido, la investigación apunta a la posible implicación de otros altos funcionarios y asesores de comunicación del Gobierno, aunque por el momento no han sido citados a declarar.
La citación de estos ex altos cargos de Moncloa refuerza la hipótesis de que la filtración pudo haber sido orquestada desde el Ejecutivo. Además, con fines políticos para dañar la reputación de la presidenta madrileña. Mientras tanto, la defensa de Álvaro García Ortiz niega cualquier participación en los hechos y asegura que colaborará con la Justicia para esclarecer lo ocurrido.
Las declaraciones de Sánchez Acera y Vallés serán clave para determinar la responsabilidad en la difusión de la información confidencial y sus posibles consecuencias legales. Con este nuevo avance, el caso sigue ganando peso en el ámbito judicial y político, poniendo en el punto de mira la gestión de información sensible por parte del Gobierno.
