La investigación que había sido abierta por la Agencia Valenciana Antifraude sobre el nombramiento irregular de los dos subdirectores de la Fundación municipal València Activa, que dependía del Ayuntamiento de València, fue concluida provisionalmente. El organismo de control concluyó que la fundación municipal, gestionada durante el mandato anterior por la actual vicealcaldesa, Sandra Gómez, contrató a los dos cargos, miembros del PSPV, sin respaldo jurídico y mediante un procedimiento inadecuado.
La Agencia, dirigida por Joan Llinares, criticó que la fundación hiciera los nombramientos de forma "a dedo". En sus conclusiones provisionales, emitidas el 20 de junio y a las que tuvo acceso este diario, se indicaba que el ente municipal presidido por Gómez designó a los dos directivos "sin justificar que la designación hubiera atendido a principios de mérito y capacidad ni a méritos de idoneidad". Además, se señaló que no se aplicaron los procedimientos que, según el organismo, "garantizan la publicidad y la concurrencia".
Mar Marín y Javier Mateo fueron nombrados subdirectores de la Fundación en 2017 y 2018, respectivamente. Ambos eran miembros de la Ejecutiva socialista y formaron parte de la candidatura encabezada por Sandra Gómez al Ayuntamiento en 2019. La Agencia Valenciana Antifraude dejó claro en su informe que los dos puestos de subdirección fueron creados "sin un soporte jurídico que los habilitara", ya que estos cargos "no estaban previstos en los estatutos de la Fundación" en ese momento.

En cuanto a Marín, la Agencia destacó que fue contratada "de manera verbal" en 2016, formalizándose por escrito "casi un año después", sin que se hubiera acreditado ni justificado "las circunstancias que impidieron" hacerlo antes. Las conclusiones provisionales de la Agencia quedaron a la espera de las alegaciones municipales. Aunque las aseveraciones de Antifraude coincidieron plenamente con las realizadas hace dos años por la Intervención municipal y la auditoría, en las que ya se había escuchado la postura de la Fundación.
En aquellos informes, la Intervención subrayó que este tipo de nombramientos "debían llevarse a cabo mediante procedimientos que garantizaran la publicidad y la concurrencia", e insistió en que estos dos cargos no estaban previstos en los estatutos y fueron creados "sin soporte jurídico".








