López Miras endurecerá las sanciones contra los pirómanos con multas de hasta un millón de euros

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, aprovechó el cierre del Debate sobre el Estado de la Región para anunciar un paquete de medidas con el que pretende reforzar la seguridad, mejorar la atención a la dependencia, impulsar el acceso a la vivienda y reconocer la labor de los empleados públicos. Entre los anuncios más destacados figura la reforma de la Ley de Emergencias y Protección Civil para endurecer las sanciones contra los pirómanos y quienes provoquen graves movilizaciones de los servicios de emergencia.

La modificación legislativa forma parte de la estrategia 'Región de Murcia + Segura', con la que el Ejecutivo autonómico busca reforzar la protección del patrimonio natural y garantizar un uso responsable de los recursos públicos destinados a la atención de emergencias.

López Miras explicó que la nueva normativa actualizará el régimen sancionador vigente con un incremento considerable de las multas previstas para quienes incumplan la legislación.

Las infracciones leves pasarán de sancionarse con un máximo de 3.000 euros a alcanzar los 6.000 euros. En el caso de las infracciones graves, las multas aumentarán de 30.000 a 60.000 euros.

Las sanciones más severas también experimentarán un importante incremento. Las infracciones muy graves podrán alcanzar hasta un millón de euros, frente al límite actual de 600.000 euros.

La reforma incorporará además nuevas conductas sancionables. Entre ellas se incluirán aquellas actuaciones dolosas o gravemente negligentes que obliguen a desplegar de forma extraordinaria los recursos de Protección Civil y de los servicios de emergencia.

El objetivo es que quienes provoquen este tipo de situaciones asuman también el coste económico derivado de la movilización de los efectivos públicos.

El presidente recordó como ejemplo el reciente incendio registrado en la pedanía murciana de Los Garres, donde fue necesaria una importante intervención de medios terrestres y aéreos para controlar las llamas.

Durante su intervención, López Miras aseguró que este tipo de actuaciones requieren un importante esfuerzo económico y humano que no puede recaer exclusivamente sobre las administraciones públicas.

En materia de dependencia, el presidente anunció otra de las iniciativas que el Ejecutivo regional pretende llevar próximamente a la Asamblea Regional.

Se trata de una norma que permitirá agilizar el reconocimiento de la discapacidad y la dependencia mediante un sistema de conexión entre procedimientos administrativos.

Gracias a esta medida, hasta 5.000 personas podrán obtener de manera inmediata la resolución sobre discapacidad, evitando esperas y reduciendo los tiempos de tramitación.

López Miras criticó además la financiación del sistema de dependencia y reclamó al Gobierno central que cumpla con el reparto previsto en la ley estatal.

Según explicó, mientras la normativa establece que el Estado debe asumir el 50 % del coste, actualmente la Comunidad Autónoma soporta alrededor del 70 % del gasto destinado a este servicio.

Otro de los anuncios destacados fue la aprobación del nuevo Decreto Ley de Vivienda Asequible, cuya tramitación comenzará la próxima semana.

El Ejecutivo regional estima que esta norma permitirá impulsar la construcción de unas 25.000 viviendas asequibles, con especial atención a jóvenes y familias que encuentran dificultades para acceder a un inmueble.

En el ámbito del empleo público, López Miras confirmó la implantación del segundo tramo de la carrera profesional para el personal docente no universitario y para los trabajadores de la Administración regional.

La medida beneficiará a más de 35.000 empleados públicos y supondrá una inversión cercana a los 32 millones de euros al año.

El presidente destacó que esta iniciativa permitirá reconocer el esfuerzo de los profesionales, mejorar la calidad de los servicios públicos y favorecer la estabilidad del personal.

Para cerrar su intervención, López Miras aseguró que la Región de Murcia seguirá avanzando mediante políticas centradas en la gestión y el diálogo, defendiendo que la comunidad afronta importantes retos, pero también dispone de capacidad para continuar creciendo y mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos mediante nuevas inversiones y reformas estructurales.