Juanfran Pérez Llorca no se anduvo ayer con rodeos. En la sesión de control en Les Corts, el 'president' de la Generalitat puso una condición clara a los sindicatos docentes que han convocado huelga indefinida a partir del próximo lunes: que respeten el derecho de los alumnos, especialmente los de segundo de Bachillerato, a ser evaluados con objetividad.
Y fue tajante. "Si chantajean con eso, no habrá negociación por parte de la Generalitat", advirtió. Y añadió que no permitirá "que se utilice a los niños como chantaje".
Llorca no solo defendió su postura. Fue al origen del problema. Recordó que el anterior gobierno del Botànic, formado por PSPV y Compromís, ignoró durante ocho años las mismas reivindicaciones que ahora llevan a los sindicatos a la huelga. Peor aún: les dijeron que no cinco veces cuando pedían una subida salarial. "¿Qué no eran dignos los profesores en esa época?", les preguntó desde la tribuna.
El contraste es difícil de ignorar. Mientras el Botànic miraba para otro lado, el actual Consell ha incorporado 8.000 docentes más que en el último curso del gobierno anterior, ha invertido 320 millones en 382 obras educativas, ha puesto en marcha 42 nuevos centros y ha destinado más de 70 millones en becas. "Esa es la diferencia", sentenció Llorca.
Frente a esto, la izquierda optó por el espectáculo. Joan Baldoví, síndic de Compromís, se fotografió con los sindicatos en una protesta ante la Generalitat. Llorca se lo recriminó sin ambages: ocho años callando y ahora en primera fila. "Cuando estaban en el gobierno, los sindicatos no se manifestaban, y todos sabemos por qué", afirmó el 'president'.
Llorca fue igualmente claro sobre el componente político de la convocatoria. "Hay una parte de la huelga que respetamos y otra que solo es una cuestión política que manipulan ustedes. Lo digo con tranquilidad y no me tiembla la voz", subrayó.
El 'president' cerró su intervención con un mensaje inequívoco: está dispuesto a negociar, a reducir burocracia y a mejorar salarios. Pero hay una línea que no cruzará. "Hay que garantizar que los alumnos, especialmente los que van a entrar a la universidad, tengan una evaluación objetiva, porque sus padres pagan impuestos para que tengan la educación que merecen".
