La ley antifraude que prohíbe pagos de más de 1.000 euros coincidió con la destitución de Ábalos

El 10 de julio de 2021 coincidieron dos hechos que hoy vuelven a estar bajo el foco. el Gobierno de Pedro Sánchez publicó en el BOE la nueva ley antifraude, que prohibía los pagos en efectivo superiores a 1.000 euros. Ese mismo sábado, el presidente destituyó a José Luis Ábalos como ministro de Transportes tras ser advertido de sus gastos elevados en metálico.

Tres años después, el caso Ábalos vuelve a poner en duda la honestidad del Gobierno. La Guardia Civil sospecha que el exministro tenía ingresos que nunca declaró. También apunta que el PSOE hizo varios pagos en efectivo a su número tres, Santos Cerdán, que no figuran en las cuentas oficiales del partido.

Uno de esos pagos, de 1.072 euros en metálico a Cerdán en septiembre de 2023, incumple la ley que el propio Gobierno impulsó en 2021. La norma establecía un límite de 1.000 euros para transacciones en efectivo con el fin de combatir el fraude fiscal. Paradójicamente, quienes firmaron esa medida fueron los primeros en vulnerarla.

El Gobierno dijo que reducir el uso del dinero en efectivo era una forma de ser más transparente y moderna. Pero en realidad, esa medida ha servido para controlar más a los ciudadanos que a los políticos.

Al mismo tiempo, el Gobierno impulsa el euro digital, una moneda electrónica que permitirá controlar cada movimiento de dinero. Lo presentan como una mejora y una forma de ser más eficientes, pero muchos temen que sirva para vigilar el dinero de la gente. Mientras preparan ese control total, dentro del PSOE siguen haciendo pagos en efectivo sin declarar.

La salida de Ábalos del Ejecutivo no cerró la polémica. El ex gerente del PSOE, Mariano Moreno, advirtió a Sánchez de la cantidad inusual de gastos del ministro y de la existencia de pagos sin justificar. Poco después, también él abandonó su puesto y ha sido citado como testigo ante el Tribunal Supremo.

Las imágenes de una caja con billetes de 50 euros encontradas en la vivienda de Ábalos refuerzan las sospechas de una contabilidad paralela. Fuentes judiciales apuntan que el dinero procedía de una presunta 'caja B' vinculada a su etapa en el Ministerio de Transportes. Mientras tanto, la dirección del PSOE insiste en que no hay irregularidades estructurales en el partido.

El Gobierno que exige a los ciudadanos justificar cada pago pretende implantar un sistema financiero digitalizado, sin espacio para el efectivo, mientras varios de sus miembros lo usan sin control. El discurso contra el fraude contrasta con la práctica interna de una organización que, según los investigadores, habría mantenido flujos de dinero opacos durante años.