La defensa de Leire Díez ha presentado un recurso contra la decisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz
La defensa de Leire Díez ha presentado un recurso contra la decisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de autorizar el acceso a cinco años de registros telefónicos y mensajes de la exmilitante socialista. Su abogada considera que la medida judicial supone una vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones y denuncia una actuación “desproporcionada” por parte de la investigación.
El magistrado investiga presuntas irregularidades en adjudicaciones vinculadas a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), una causa en la que fueron arrestados en diciembre de 2025 la propia Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, administrador de Servinabar, empresa relacionada con el exdirigente socialista Santos Cerdán.
Según el recurso presentado por la letrada Eva Bejarano, el juzgado solicitó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil información sobre las comunicaciones entrantes y salientes de los teléfonos de su clienta entre octubre de 2020 y diciembre de 2025. Sin embargo, la defensa sostiene que los hechos investigados se limitan únicamente al periodo comprendido entre 2021 y 2023.
Para la abogada, ampliar el análisis de las comunicaciones más allá de esas fechas supone una intromisión injustificada en derechos fundamentales y rompe las garantías que, a su juicio, deben preservarse en cualquier procedimiento penal.
El escrito también cuestiona la legalidad de la intervención de los teléfonos móviles de Díez. La defensa asegura que la incautación de los dispositivos se realizó sin autorización judicial previa y denuncia que el acceso a su contenido fue ilegítimo, por lo que considera nulas las actuaciones derivadas de esa intervención.
Además, Bejarano afirma que durante la detención de su clienta no existía ninguna circunstancia objetiva que justificara la retirada inmediata del teléfono móvil. En su opinión, la actuación policial se basó únicamente en sospechas subjetivas y no había riesgo real de destrucción u ocultación de posibles pruebas almacenadas en el dispositivo.
En el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, la representación legal de Díez insiste en que la actuación judicial vulnera derechos fundamentales y pide que se deje sin efecto la medida acordada por el juez Pedraz.
