La exmilitante socialista Leire Díez y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, habrían impulsado distintas operaciones en empresas públicas entre 2019 y 2022 bajo el amparo político de la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Así lo sostiene una información publicada por El Mundo, que recoge testimonios de directivos de compañías participadas por el Estado que describen una intensa actividad de contactos, llamadas y reuniones promovidas por ambos.
Según estas fuentes, Fernández mantuvo una notable capacidad de influencia incluso después de abandonar formalmente la presidencia de la SEPI. Varios responsables consultados por el diario aseguran que existía la percepción de que seguía contando con el respaldo de Montero, circunstancia que habría facilitado su interlocución con presidentes y directivos de numerosas empresas públicas. Algunos de ellos afirman que el exdirigente continuaba manejando información relevante sobre decisiones gubernamentales y mantenía una presencia constante en asuntos relacionados con compañías estatales pese a no ocupar ya responsabilidades ejecutivas.
Llamadas constantes y operaciones bajo la lupa
La investigación publicada por El Mundo señala que Leire Díez desempeñó un papel clave en la interlocución con responsables de empresas públicas. Diversos testimonios describen una actividad continuada orientada a conocer proyectos, oportunidades de negocio y operaciones económicas de relevancia dentro del entramado empresarial del Estado.
Entre las actuaciones mencionadas aparecen gestiones relacionadas con Mercasa, Mercabilbao, Mercasevilla, Tragsa y otras compañías participadas por la SEPI. Según las fuentes consultadas, Fernández y Díez contactaban frecuentemente con directivos para interesarse por proyectos estratégicos o movimientos empresariales que podían generar importantes oportunidades económicas.
Algunas de estas operaciones no llegaron a materializarse después de que los responsables de las empresas rechazaran las propuestas o decidieran someterlas a estudios externos e independientes. Sin embargo, las agendas atribuidas a Leire Díez reflejarían reuniones y gestiones vinculadas a varias de estas iniciativas, documentación que actualmente forma parte de las investigaciones abiertas sobre la denominada trama.
Las investigaciones amplían el foco sobre el entorno socialista
Las nuevas revelaciones se producen en un momento especialmente delicado para el PSOE, que continúa enfrentándose a la aparición de nuevas informaciones relacionadas con el denominado caso Leire y con las actividades desarrolladas por distintas personas vinculadas al entorno socialista durante los últimos años.
La oposición considera que los testimonios publicados refuerzan las sospechas sobre la existencia de una red de influencia que habría tratado de intervenir en operaciones empresariales dentro del sector público. Por ello, reclama que se esclarezca el alcance de las gestiones realizadas por los implicados y si algunas de ellas pudieron traducirse en beneficios económicos para determinadas personas o sociedades.
Mientras tanto, las investigaciones judiciales y policiales continúan avanzando para determinar si las actuaciones descritas por varios directivos de empresas públicas constituyeron simples gestiones de influencia política o si, por el contrario, pudieron derivar en conductas irregulares con relevancia penal.
