El Gobierno español ha cancelado un contrato de 6,6 millones de euros. El acuerdo incluía la compra de 15,3 millones de balas de 9 mm para la Guardia Civil. Las municiones iban a ser suministradas por IMI Systems, una empresa israelí, a través de su filial Guardian Homeland Security.
El contrato se adjudicó en octubre de 2024, fue después del inicio de la ofensiva israelí en Gaza. En ese momento, el Gobierno ya había anunciado que no compraría más armas a Israel. Sin embargo, los documentos revelaron lo contrario.
"¡Que no te quiere nadie!"
Ante esta cancelación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, las redes han reaccionado en masa. Ahora son muchos los que piden que alguien se persone contra el Gobierno por este millonario despilfarro. Un usuario propone:
"¿Sería una locura personarse contra el Gobierno por el despilfarro de los 6 millones del contrato con Israel como malversación de fondos públicos?
¿Algún jurista podría aclarlo?"
A este tuit han respondido cientos de usuarios que animan al sindicato Hazte Oír a llevar a cabo esa personación. Pero no ha sido el único, hay quienes han mostrado los posibles delitos llevados a cabo tras cancelar un contrato del BOE.
"La administración fraudulenta, también conocida como administración desleal, es un delito. Que se comete cuando una persona que tiene el deber de administrar un patrimonio ajeno (sea por ley, contrato o autoridad) abusa de su poder. Causando un perjuicio al titular del patrimonio."
Es por esto que las redes se han movilizado en masa esa petición para que se denuncie al Gobierno. Todo porque al fin y al cabo, ese dineral, 6 millones de euros, forma parte del contrato que estaba reflejado en el BOE.
Yolanda Díaz luce el anillo no pagado
La reacción fue inmediata desde Sumar, socio de la coalición, exigieron la cancelación del contrato. También pidieron excluir a empresas israelíes de futuras licitaciones. El Ministerio del Interior actuó rápido e inició la rescisión del contrato alegando “interés público”.
Israel respondió con durez y su Ministerio de Exteriores condenó la decisión. Acusó a España de ceder ante presiones políticas. También dijo que el país “se pone del lado equivocado de la historia”.
