El Gobierno andaluz del PSOE repartió a lo largo de una década 679.432.179,09 euros de forma clientelar y opaca
El congreso federal del PSOE este fin de semana ha desatado la polémica en redes sociales.
El caso de los ERE representa la mayor causa de corrupción investigada y sentenciada en la historia reciente de España. Sin embargo, el Tribunal Constitucional decidió en junio de este año, estimar parcialmente el recurso. El mismo que interpuso Magdalena Álvarez, con siete votos a favor y cuatro en contra.
Álvarez, ex consejera de la Junta de Andalucía y ministra con Zapatero, fue condenada a nueve años de inhabilitación por prevaricación. Pero vio su sentencia anulada en este aspecto.
La decisión del TC implicaba que la Audiencia de Sevilla debe dictar un nuevo fallo. Que deberá ser más favorable para la ex ministra, aunque no necesariamente debía ser una absolución y que no fue.
Pero, tras malversar 680 millones de euros, los socialistas fueron aclamados. Los ex presidentes socialistas de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, entraron como héroes en el 41º Congreso Federal del PSOE.
Por ello, y el discurso de Sánchez contra la corrupción ha sido duramente criticado en las redes. Los usuarios de Twitter no han duda en recordar al PSOE que tras sus espaldas pesa la mayor condena por corrupción.
Un tuit que como consecuencia ha tenido una avalancha de comentarios recordando al PSOE esta condena.
Los ex presidentes de la Junta vieron este pasado verano anuladas por parte del Tribunal Constitucional. Unas sentencias que les impuso la Audiencia Provincial de Sevilla y ratificó posteriormente el Tribunal Supremo (TS) por el caso de los ERE. Irregulares financiados por la administración andaluza en la etapa de gobierno socialista en la Junta.
Así, el Tribunal Constitucional resolvió parcialmente a favor de los recursos de amparo. Presentados por los ex presidentes socialistas y otros ex altos cargos del Gobierno andaluz involucrados en este caso.
En consecuencia, ordenó a la Audiencia Provincial de Sevilla que emitiese nuevas resoluciones que tuvieran en cuenta los criterios establecidos por el Constitucional. Con este fallo, el tribunal de garantías redujo sustancialmente el impacto del mayor escándalo de corrupción en la historia de España. Un caso en el que, durante una década, la Administración controlada por el PSOE, distribuyó de forma opaca y clientelar casi 680 millones de euros.
