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Koldo García en la Comisión de investigación
POLÍTICA

Las razones del juez del caso Koldo para no ceder la investigación a Europa

La Fiscalía Europea argumenta que su competencia incluye la investigación del caso en las Islas Baleares, Canarias

La instrucción del caso Koldo ha generado un conflicto entre la Audiencia Nacional y la Fiscalía Europea. El juez Ismael Moreno, encargado de la investigación, ha rechazado ceder la causa a la Fiscalía Europea, y ha anunciado que planteará un conflicto de competencia ante el Tribunal Supremo.

El juez Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2. Ha decidido que "no ha lugar a acceder a la avocación de la presente causa".

Esta decisión se tomó después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara que la Audiencia Nacional continuara investigando todos los delitos relacionados con los contratos adjudicados. Especialmente aquellos financiados con fondos de la Unión Europea.

Moreno argumenta que los delitos originales del caso, que incluyen cohecho, tráfico de influencias, blanqueo y organización criminal, no perjudican los intereses de la UE. En su auto, el magistrado sostiene que si persiste la discrepancia, planteará la cuestión al Tribunal Supremo. Para que determine qué organismo tiene la competencia para investigar posibles delitos contra los intereses financieros de la UE.

Koldo comparece en la Comisión de Investigación

Implicaciones de la Decisión

La negativa del juez Moreno a ceder la investigación significa que, por el momento, el caso Koldo no será asumido por la Fiscalía Europea. Este organismo, creado para investigar delitos que afecten los intereses financieros de la UE. Había mostrado interés en el caso debido a la utilización de fondos europeos en algunos de los contratos adjudicados durante la pandemia.

La Fiscalía Europea argumenta que su competencia incluye la investigación de ramificaciones del caso en las Islas Baleares, Canarias y el Gobierno central. La Fiscalía Europea había solicitado acceso a todos los expedientes y grabaciones relacionados con el caso. Que incluyen las obtenidas por la Guardia Civil desde junio de 2023.

Contexto del Caso Koldo

El caso Koldo involucra presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas por valor de 53 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL. Las investigaciones comenzaron tras alertas de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude y la Agencia Tributaria sobre posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.

Desde junio de 2023, la Guardia Civil ha realizado grabaciones a los líderes de la trama. Esto incluó a Koldo García Izaguirre, hermano del exasesor del exministro del PSOE José Luis Ábalos, y tres empresarios implicados. Estas grabaciones revelaron reuniones frecuentes entre los investigados y altos cargos ministeriales, sugiriendo una posible implicación de funcionarios de alto nivel.

Las grabaciones de la Guardia Civil han desvelado encuentros entre Koldo García y representantes de la empresa Soluciones de Gestión en restaurantes de Madrid. En uno de estos encuentros, participó un guardia civil del equipo de seguridad del Ministerio de Transportes. Además, Koldo García se reunió con Juan Carlos Cueto, propietario de Soluciones de Gestión, para discutir presuntas irregularidades en los contratos.

Koldo García

Solicitud de la Fiscalía Europea

La Fiscalía Europea solicitó al juez Ismael Moreno que le entregara todos los expedientes relacionados con el caso Koldo. Argumentando que se trata de una trama única que requiere un enfoque unificado. Esta solicitud incluye el acceso a las grabaciones realizadas por la Guardia Civil desde junio de 2023 y los informes policiales y económicos sobre la contratación de Soluciones de Gestión.

La intervención de la Fiscalía Europea pone al Gobierno en una situación delicada. Ya que esta entidad independiente tiene la autoridad para investigar delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión Europea. La solicitud de la Fiscalía Europea destaca la necesidad de transparencia y responsabilidad en la gestión de contratos públicos.

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