Las pruebas contra el hermano de Sánchez que lo ponen contra las cuerdas

El caso judicial contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha dado un nuevo giro. La jueza Beatriz Biedma  ha procesado a David por presuntos delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias.

Las acusaciones, que piden tres años de cárcel y la devolución de lo cobrado en la  Diputación de Badajoz,  se basan en cinco pruebas sólidas que. Las que contradicen la postura de la Fiscalía, que calificó las sospechas como "conjeturas".

La primera prueba son los correos electrónicos que revelan que el puesto de David en la Diputación fue creado específicamente para él. Estos mensajes muestran cómo se diseñó un cargo a medida, sin cumplir los requisitos habituales de oposición pública.

La segunda evidencia apunta a la falta de presencialidad. Aunque su contrato exigía trabajar en Badajoz,  David Sánchez no tenía despacho asignado y residía habitualmente en Lisboa, lo que sugiere que no cumplía con sus obligaciones.

El tercer elemento es el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Este documento detalla irregularidades en la contratación y el uso de fondos públicos, señalando que David cobró sin justificar plenamente su trabajo.

La cuarta prueba son los testimonios de empleados de la Diputación. Algunos confirmaron que David apenas aparecía por las oficinas, lo que refuerza la idea de un empleo ficticio.

Finalmente, la quinta evidencia son las irregularidades en su declaración fiscal. Según la investigación, David Sánchez no reportó correctamente sus ingresos, lo que añade el delito de fraude fiscal a la lista de acusaciones.

La Audiencia de Badajoz ha avalado la investigación en dos ocasiones, calificándola de "exquisita". Esto ha permitido que el caso avance, a pesar de los intentos de la defensa por desestimarlo. David Sánchez, músico de profesión, ha negado las acusaciones, pero las pruebas presentadas por la UCO y la jueza han complicado su situación.

El caso ha generado un intenso debate político. Algunos sectores acusan al Gobierno de intentar influir en la justicia para proteger al hermano de Sánchez, mientras que el Ejecutivo defiende la independencia judicial. Por ahora, el proceso sigue su curso,  y la sociedad espera que se esclarezca si hubo o no irregularidades en  la contratación del hermano del presidente.