Kalilu Diwara, el imán de Salt, se ha convertido en el centro de una polémica tras el desahucio de su vivienda. La versión, difundida por los medios progresistas y organizaciones radicales, asegura que fue víctima de la especulación inmobiliaria. Además del racismo institucional, siendo desahuciado sin solución habitacional y obligado a ocupar de nuevo el piso para no quedarse en la calle.
Sin embargo, existe una versión oficial que cambia la perspectiva de los hechos. Que expone una versión que podría poner en duda las acusaciones que se han hecho contra la policía y la administración local.
Desde el primer momento, organizaciones de izquierda y los medios subvencionados en Cataluña han defendido al imán, acusando a los Mossos de actuar con brutalidad.
Se afirma que Diwara fue víctima de una operación respaldada por los intereses de los grandes tenedores de vivienda. Estas versiones subrayan que el desahucio y los posteriores disturbios en la zona fueron una consecuencia directa de la actuación policial. Sin embargo, una visión alternativa de los hechos pone en duda la narrativa oficial.
De acuerdo con fuentes cercanas a los Mossos, el desahucio fue completamente legal, ya que Diwara había ocupado el inmueble de forma ilegal, con menos de 48 horas de residencia. Según la ley, debía ser desalojado sin demora. La administración local actuó con base en la normativa vigente, rechazando la solicitud del imán de recibir un trato preferencial para su familia en el acceso a una vivienda social.
