Según un informe remitido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al juez Juan Carlos Peinado, los acuerdos suscritos para la cátedra vinculada a Begoña Gómez se habrían formalizado únicamente con el objetivo de aparentar que el proceso de contratación se ajustaba a la legalidad. Así lo confirma ABC. Los investigadores sostienen que dichos servicios se tramitaron fuera de los cauces establecidos por la normativa vigente.
En su informe, la UCO concluye que Deloitte ya estaba desempeñando tareas relacionadas con la cátedra antes de que se formalizara la primera adjudicación. Para los investigadores, este hecho evidenciaría que la contratación estaba decidida previamente y que los procedimientos utilizados solo sirvieron para dar cobertura administrativa al encargo.
Los agentes explican además que los pagos a la consultora se canalizaron inicialmente mediante un contrato menor y más tarde a través de un procedimiento abierto simplificado. Sin embargo, sostienen que la actividad desarrollada por la empresa no se ajustó a los tiempos de ejecución fijados oficialmente en ninguno de los dos contratos.
Según el medio, los agentes observan, en primer lugar, que durante el periodo oficialmente fijado para el segundo contrato no consta que Deloitte llegara a realizar las tareas que se le habían encomendado. En esa misma línea, apuntan que existe una desconexión clara entre lo que recogen los documentos contractuales y lo que, según el análisis de los hechos, se habría ejecutado realmente.
Por otro lado, la UCO añade que tanto las invitaciones a ofertar como los pliegos habrían sido diseñados en función de condiciones ya marcadas por la propia consultora junto con la cátedra, incluyendo el precio. A partir de ahí, los investigadores incluso plantean que el proceso de solicitud de ofertas pudo haberse llevado a cabo de forma meramente aparente o bajo condiciones que habrían reducido la competencia, lo que habría beneficiado a Deloitte frente a otros posibles licitadores.
