Las acusaciones populares denuncian irregularidades en la declaración de Ábalos
El magistrado designó al PP como dirección letrada, excluyendo al resto de acusaciones de presenciar los interrogatorios
Las decisiones del magistrado Leopoldo Puente respecto a la declaración de José Luis Ábalos han desatado la polémica. Liberum, junto a otras acusaciones populares, denuncia que se les impidió el acceso a las declaraciones del exministro, calificando la medida de "insólita". Además, aseguran que las restricciones vulneran los principios de transparencia y derecho a la defensa.
El magistrado designó al PP como dirección letrada, excluyendo al resto de acusaciones de presenciar los interrogatorios. Esta decisión, según Liberum, crea desigualdad procesal, dejando en manos del PP la comunicación de los hechos relevantes, lo que consideran una "subjetividad injustificada".
Liberum solicitó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que revoque la decisión y defienda los derechos de las acusaciones. Argumentan que la exclusión no solo dificulta su labor, sino que compromete la transparencia en un caso de gran interés público.
El juez Puente ha justificado la medida, alegando que facilita el proceso y evita interrupciones innecesarias. No obstante, las acusaciones argumentan que esta decisión afecta gravemente su capacidad para defender sus intereses y vigilar la legalidad del proceso.
La asociación insiste en que la Constitución garantiza el derecho de los ciudadanos a ejercer la acción popular. Subrayando que el magistrado debería permitir un acceso equitativo a todos los actores implicados. También reclaman que la gestión de notificaciones no quede limitada al PP, ya que esto podría retrasar o distorsionar la información compartida.
Las acusaciones populares expresan su descontento por la falta de acceso a las declaraciones en tiempo real, considerando que esto genera indefensión. También critican que el uso de grabaciones como única alternativa no es suficiente para garantizar la transparencia.
José Luis Ábalos, en su declaración, negó las acusaciones de haber recibido comisiones relacionadas con la compra de mascarillas durante la pandemia. Sin embargo, las restricciones impuestas por el magistrado han llevado a cuestionar la imparcialidad del proceso. Con varias organizaciones considerando que esto podría sentar un precedente peligroso.
La postura del juez Puente contrasta con las expectativas de apertura y transparencia que exige el caso. Al ser un proceso, tanto judicial como social, las limitaciones impuestas generan inquietud sobre posibles vulneraciones a los principios básicos de la justicia. Liberum y otras asociaciones esperan una pronta resolución que garantice sus derechos y permita el correcto desarrollo del procedimiento
Más noticias: