La Comunidad de Madrid y el Gobierno de Pedro Sánchez mantienen un enfrentamiento abierto por la repatriación de 86 menores no acompañados.
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, anuncia posibles acciones legales contra el Ejecutivo.
El conflicto surge tras el rechazo del Gobierno de España a aceptar la repatriación de los menores por “falta de garantías en su retorno”.
Dávila ha enviado una carta al delegado del Gobierno, Francisco Martín, exponiendo su malestar y motivos. La consejera subraya la conflictividad de los menores, alteraciones de conducta y riesgo de derivar hacia la marginalidad y la delincuencia. También alerta sobre el consumo de drogas y la peligrosidad que, según su criterio, estos menores afrontan si permanecen en España.
Dávila considera que la negativa del Ejecutivo central equivale a “abandonar a estos menores a su suerte” y acusa de incumplir la ley.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, según la consejera, no permanecerá inmóvil y tomará medidas dentro de sus competencias legales. “Si persiste la negativa, el presidente Pedro Sánchez y los ministros serán responsables de las consecuencias derivadas”, enfatiza Dávila. La situación refleja un choque institucional entre el Gobierno regional y el central por competencias y gestión de inmigración.
Madrid defiende que estos menores representan un desafío social que requiere intervención inmediata y medidas efectivas. El Ejecutivo central sostiene que la repatriación no es viable por la falta de garantías sobre la seguridad y bienestar de los menores.
