Europa Press La Justicia tumba el veto al castellano y anula el modelo monolingüe de la Generalitat
La resolución dictada el 14 de abril de 2025 considera inconstitucional la omisión del castellano en las normas del Departamento de Educación
El TSJC ha anulado varias instrucciones educativas del curso 2022-2023 que excluían al castellano como lengua vehicular en Cataluña.
La sentencia responde a un recurso presentado por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ante el Tribunal Superior de Justicia catalán.
El fallo llega tras una orden del Supremo, que obligó al TSJC a pronunciarse sobre el contenido lingüístico impuesto por la Generalitat. La resolución dictada el 14 de abril de 2025 considera inconstitucional la omisión del castellano en las normas del Departamento de Educación.
Los jueces entienden que no mencionar el castellano vulnera los artículos 3, 14 y 27 de la Constitución y suprime su uso educativo.
Uno de los apartados anulados fijaba que el catalán debía usarse “normalmente como lengua vehicular”, sin nombrar al castellano.
También se anula la instrucción que imponía el catalán como “lengua de la institución” para todas las actividades del centro escolar.
La sentencia critica que no se garantice el aprendizaje del castellano ni existan mecanismos de control que evalúen su uso efectivo.
Los jueces entienden que no mencionar el castellano vulnera los artículos 3, 14 y 27 de la Constitución | Europa Press
Otros apartados anulados son los que buscaban una ciudadanía catalanoparlante e ignoraban por completo la cooficialidad lingüística. Se eliminaron frases como “potenciar el catalán como lengua vehicular” y “factor básico de integración social” en las aulas.
El TSJC reprocha que se excluya al castellano hasta en la formulación teórica de los objetivos del sistema educativo autonómico.
En cambio, no se anulan las instrucciones sobre rotulación escolar ni atención individualizada en infantil y primaria. El tribunal considera que la ley vigente no obliga a que los carteles escolares estén rotulados en las dos lenguas oficiales.
También cree que la atención personalizada a niños pequeños puede hacerse en catalán sin infringir el marco jurídico nacional. La AEB recurrirá estas dos excepciones ante el Tribunal Supremo, al considerarlas parte del mismo modelo lingüístico excluyente.
Su presidenta, Ana Losada, ha calificado la sentencia como clave para frenar el adoctrinamiento y garantizar el bilingüismo real.
Losada recordó que la resolución afecta a todas las futuras instrucciones, no solo a un caso particular o una familia concreta. La entidad pedirá que el castellano figure como lengua docente en las normas del curso 2025-2026 de forma expresa.
Además, ha advertido que la Generalitat deberá rendir cuentas ante el Parlamento Europeo por violar derechos lingüísticos básicos.
La AEB exige que las nuevas directrices educativas no omitan ninguna lengua oficial y respeten los principios de igualdad. Con esta sentencia, el TSJC vuelve a marcar un límite al separatismo lingüístico que se ha impuesto durante décadas en las aulas.
El bilingüismo, protegido por la Constitución, no puede ser sustituido por un monolingüismo identitario disfrazado de integración.
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