El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha cerrado una puerta más en el proceso judicial contra Carlos Mazón. El Pleno de la Sala de lo Civil y Penal ha desestimado por unanimidad todos los recursos de súplica presentados por las acusaciones y ha confirmado su decisión de no investigar al expresidente de la Generalitat por su actuación durante la dana del 29 de octubre de 2024.
El TSJCV ratifica así, íntegramente, el auto dictado el pasado 16 de marzo tras la exposición razonada elevada por la titular de la Plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, que investiga la tragedia que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia. El tribunal es claro en su argumentación: la defensa de las acusaciones "no llega al extremo de proporcionar razones bastantes" para valorar la posición de garante del aforado ni la existencia de indicios serios que conduzcan a la competencia del alto tribunal valenciano.
Sobre el aforamiento, los magistrados desestiman también la solicitud de retirarle la prerrogativa al exjefe del Consell. No aprecian en su adquisición de la condición de diputado autonómico "abuso de derecho alguno". Y aclaran que Mazón ya era diputado con anterioridad al 29 de octubre de 2024, por lo que no existe el paralelismo que sostenían los recurrentes con el denominado caso Gallardo, resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
En cuanto al fondo, el TSJCV insiste en que el análisis de las normas autonómicas pone de manifiesto que al entonces jefe del Gobierno valenciano "no se le atribuía un deber jurídico de actuación" en la gestión de la emergencia, y que por tanto no tenía la "posición de garante". El tribunal tampoco aprecia los indicios sólidos y cualificados que exige la jurisprudencia en cuanto a la supuesta participación activa del aforado en el envío del mensaje de alerta a la población.
Lo que no puede ignorarse es el espectáculo que rodea a toda esta causa. Año y medio después de la dana, los valencianos que perdieron a sus familias, sus casas y sus negocios siguen viendo cómo unos y otros se pasan la pelota. El Gobierno central señala a la Generalitat. La Generalitat señala a la Confederación Hidrográfica del Júcar. Las acusaciones acumulan recursos que los tribunales desestiman uno tras otro. Y mientras todo el mundo se protege, nadie ha dado todavía una respuesta clara sobre qué falló aquella tarde, por qué el aviso llegó tan tarde y quién tomó cada decisión en cada momento crítico.
Y en ese reparto de responsabilidades hay un nombre que brilla por su ausencia: Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno lleva año y medio sin comparecer ante las víctimas de la dana con algo más que gestos y promesas. La Confederación Hidrográfica del Júcar depende del Ministerio para la Transición Ecológica, que a su vez responde ante el Ejecutivo central. Las alertas tempranas, los protocolos de emergencia nacional y la coordinación entre administraciones son competencias que pasan por Madrid. Sánchez lo sabe, sus ministros lo saben, y aun así ninguno ha asumido públicamente qué parte de responsabilidad le corresponde al Gobierno central en lo que ocurrió el 29 de octubre de 2024.
Las 230 familias que perdieron a alguien el 29-O no necesitan más recursos judiciales desestimados ni más declaraciones de unos y otros. Necesitan saber la verdad. Desde EDATV queremos trasladar nuestro apoyo más sincero a todas las víctimas y sus familias. Llevan año y medio cargando con un dolor que ninguna sentencia va a borrar, y merecen que alguien, de una vez, asuma su responsabilidad y les dé las respuestas que todavía están esperando.
