La jueza blinda a Mazón como testigo mientras la instrucción de la dana sigue sin aclarar quién manda realmente

La jueza instructora de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, ha vuelto a dictar un auto que no deja contento a nadie. Y eso, en un caso con tanta carga política como este, ya es decir mucho.

El rechazo a la personación de Carlos Mazón como parte en la causa tiene una doble lectura. Por un lado, confirma lo que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ya dejó claro: no hay indicios suficientes para investigarle penalmente. Por otro, la propia magistrada reconoce que lleva meses citándole como testigo, recabando facturas de restaurantes donde comió, tikets de parkings donde apareció su acompañante y testimonios de su entorno más cercano. Eso no es no investigar a alguien. Eso es investigarle sin querer llamarlo por su nombre.

La defensa de Mazón, encabezada por el letrado Ignacio Gally, lo ha denunciado por escrito. Y no le falta razón. La jueza ha practicado diligencias que apuntan directamente al expresident mientras se escuda en que sus pesquisas no pueden "ir dirigidas directamente a investigar la conducta del president". El equilibrismo semántico tiene un límite, y ese límite lo marca la realidad de lo actuado.

Pero la izquierda tampoco sale bien parada de este auto. Llevan meses exigiendo la cabeza judicial de Mazón como si un juicio penal fuera la única forma legítima de depurar responsabilidades políticas. Han confundido interesadamente el debate sobre la gestión catastrófica de aquella noche con la necesidad de una condena penal que, de momento, no tiene base procesal suficiente según el alto tribunal valenciano.

Y en medio de todo esto, las víctimas siguen esperando respuestas que nadie les da con claridad. Ni la instrucción judicial, que avanza entre autos contradictorios. Ni los partidos, que utilizan cada resolución como munición electoral. Ni una clase política que ha convertido el dolor de doscientas personas muertas en el mejor escenario posible para sus disputas de poder.

La jueza dice estar segura de que nadie de la representación de Mazón pretende sugerirle nada. Puede que tenga razón. Pero lo que nadie puede negar es que este proceso judicial lleva demasiado tiempo siendo todo para todos menos lo que debería ser: una búsqueda honesta de la verdad.

Las víctimas de la dana no pidieron convertirse en protagonistas de una tragedia. Tampoco pidieron que su dolor se convirtiera en campo de batalla para estrategias judiciales, maniobras procesales y cálculos políticos de unos y otros. Sin embargo, ahí están. Resistiendo. Exigiendo. Recordando a quienes parecen haberlo olvidado que detrás de cada expediente, de cada auto y de cada rueda de prensa hay nombres, familias y vidas que ya no volverán.

Los afectados que siguen reclamando justicia en cada concentración, los voluntarios que lo dieron todo cuando las instituciones fallaron y las familias que aún no tienen una explicación digna merecen algo más que un laberinto judicial interminable. Merecen saber qué pasó, quién decidió qué y por qué nadie frenó a tiempo una catástrofe que pudo haberse gestionado de otra manera.

Mientras los despachos se llenan de recursos, impugnaciones y autos de doble lectura, ellos siguen ahí. Sin rendirse. Porque la memoria de los que se fueron no admite prescripción, y la exigencia de verdad no caduca por mucho que el sistema se empeñe en complicarlo todo.