La juez vinculada al PSOE que será clave en el juicio contra el hermano de Sánchez

El caso del hermano del presidente del Gobierno tiene a todos expectantes. Tras la decisión de la magistrada sobre el procesamiento de David Sánchez, varios movimientos del PSOE levantaron sospechas. Y a los escándalos en torno al músico, se suma otra polémica. 

Supuestamente, la magistrada Manuela Eslava podría desempeñar un papel decisivo en el futuro del caso que investiga la contratación de David Sánchez. Esto, tras el traslado del procedimiento al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

El caso de la presunta contratación irregular de David Sánchez ha dado un giro. Esto, tras el aforamiento de Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz y ahora también diputado en la Asamblea de Extremadura.

Este movimiento ha provocado que el procedimiento, ya en fase de juicio oral según la instructora Beatriz Biedma, quede en manos de la sala de enjuiciamiento del TSJEx. Todo esto ocurre presuntamente en contra del criterio de la Fiscalía, que no veía indicios de delito.

Presuntamente, el cambio de foro ha generado sospechas sobre una posible estrategia por parte de Gallardo. Esto, para buscar un entorno judicial más favorable tras una fase de instrucción que no le habría sido propicia. En este nuevo escenario, una de las figuras clave es la magistrada Manuela Eslava.

Eslava, que formará parte del tribunal encargado de juzgar el caso, habría sido designada en su día por el Consejo General del Poder Judicial. Esto, a partir de una terna propuesta por la Asamblea de Extremadura en 2003. Ello, justo cuando el PSOE ostentaba la mayoría parlamentaria bajo la presidencia de Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

Según la legislación vigente, una de cada tres plazas en estas salas debe ser ocupada por juristas de reconocido prestigio con más de una década de ejercicio profesional en la comunidad. Siendo el parlamento regional —y por tanto, el partido con mayoría— el encargado de impulsar dicha designación.

El rastreo de la fontanera del PSOE en el caso del hermano de Sánchez que deja dudas

Una nueva polémica sacude al PSOE tras revelarse que Leire Díez Castro,  conocida como la 'fontanera' del partido, habría intentado obtener información confidencial sobre jueces y fiscales de Badajoz. Según la información publicada por La Razón,  estas acciones estarían relacionadas con el caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, imputado por cinco presuntos delitos.

El escándalo estalló tras el descubrimiento de maniobras para recabar datos sensibles de autoridades judiciales. El digital asegura que Díez Castro contactó con empresarios imputados por corrupción,  buscando que le proporcionaran información sobre los magistrados y fiscales que investigan a David Sánchez.

Esta estrategia habría tenido como objetivo influir en el desarrollo del proceso judicial o, al menos, obtener ventaja en el caso. La noticia ha generado una fuerte controversia, ya que estas prácticas podrían suponer una grave intromisión en la independencia del poder judicial.

Leire Díez, figura clave en el entorno del PSOE, ha sido señalada anteriormente por su papel en otras operaciones controvertidas. Su historial incluye acciones contra periodistas, jueces y hasta la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

Esto ha llevado a que la asociación Hazte Oír anuncie una denuncia contra ella, que será presentada este martes. La organización acusa a Díez de intentar manipular el curso de las investigaciones judiciales.

El caso del "hermanísimo" ya había generado titulares por las acusaciones contra David Sánchez, pero esta nueva revelación eleva la gravedad del asunto. Las redes sociales, especialmente X, han reaccionado con indignación.

Usuarios han calificado las acciones como un intento de "mafia" por parte del PSOE para interferir en la justicia. La presión pública y política crece, exigiendo explicaciones sobre hasta dónde llegan las responsabilidades en el partido.

La Justicia deberá determinar si las acciones de Díez Castro constituyen un delito. Este caso pone en el punto de mira la transparencia y la ética en la gestión política,  alimentando el debate sobre la separación de poderes en España.