El juez Juan Carlos Peinado no se detiene. El magistrado ha decidido continuar el procedimiento contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y avanzar hacia su enjuiciamiento. Su decisión marca un nuevo capítulo en un caso que ha generado una fuerte tensión política y mediática.
Peinado rechaza de manera tajante las solicitudes de archivo del Ministerio Fiscal y de las defensas. Argumenta que existen indicios “claros, sólidos y homogéneos” contra la investigada. En su resolución, sostiene que las pruebas reunidas justifican mantener la causa abierta y que la instrucción ha permitido identificar posibles delitos graves.
El juez sostiene que Gómez pudo haber incurrido en tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación de caudales públicos. Los hechos que analiza estarían vinculados a su actividad en la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid.
El auto se apoya especialmente en el uso de recursos públicos para fines privados. El juez señala a Cristina Álvarez, asistente de Gómez y empleada de Presidencia del Gobierno con sueldo público.
Según el informe de la UCO, Álvarez realizó “numerosas gestiones” relacionadas con actividades privadas de la esposa del presidente. Estas comunicaciones, dice el auto, se habrían realizado “en detrimento de las labores públicas para las que fue contratada”.
Ese punto resulta clave para el magistrado. A su juicio, la utilización de una trabajadora pública para tareas particulares constituye un indicio claro de malversación. Habla incluso de una “comisión por omisión” por parte de los superiores jerárquicos que permitieron o no evitaron esa situación.
