La causa judicial que afecta a Begoña Gómez afrontará un nuevo paso el próximo 15 de junio. El juez Juan Carlos Peinado ha fijado para ese día, a las 18.00 horas, la celebración de la audiencia preliminar previa a un eventual juicio con jurado popular, después de aceptar el aplazamiento solicitado por la defensa.
Junto a la esposa del presidente del Gobierno también deberán acudir su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés. En esta comparecencia, las defensas tendrán la oportunidad de plantear sus argumentos contra la apertura de juicio oral.
La vista estaba prevista inicialmente para el 9 de junio, pero el abogado de Gómez, el exministro Antonio Camacho, presentó un recurso reclamando más tiempo. En su escrito criticó el ritmo que, según sostiene, está siguiendo la instrucción del caso, al considerar que se desarrolla de forma incompatible con las garantías propias de un procedimiento penal.
En la resolución conocida este miércoles, Peinado insiste en que la asistencia de los tres procesados es obligatoria y avisa de que, si no comparecen, podrán ser llevados ante el juzgado mediante intervención policial. Además, también han sido convocados para esa jornada representantes de la Fiscalía, de las acusaciones populares y de la Universidad Complutense de Madrid, personada como acusación particular.
El magistrado ya había dejado abierta la posibilidad de adoptar medidas cautelares de carácter personal durante esta fase del procedimiento para evitar un posible riesgo de fuga o cualquier intento de eludir la acción judicial.
Según recoge la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, esta audiencia sirve para decidir si procede o no abrir juicio oral. Las defensas, no obstante, pueden renunciar a la celebración de esta vista y aceptar directamente la continuación del proceso, lo que permitiría al juez acordar la apertura del juicio sin más trámites.
Durante la comparecencia del 15 de junio, las partes podrán solicitar nuevas diligencias y exponer su posición sobre la conveniencia de celebrar juicio oral y sobre la competencia del tribunal del jurado. Una vez concluida la sesión, el instructor dispondrá de un plazo máximo de tres días para comunicar su decisión definitiva, que además no podrá ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid.
