El juez Pedraz interroga a la directora de la Guardia Civil y al DAO como investigados por el 'caso Leire'
El juez Pedraz interroga a la directora de la Guardia Civil y al DAO como investigados por el 'caso Leire'
porMacarena Martínez Guerrero-Laverat
politica
Mercedes González y Manuel Llamas declaran ante Santiago Pedraz por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia en una causa que analiza posibles maniobras contra la UCO
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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz toma declaración este jueves, 16 de julio, a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo del Instituto Armado, Manuel Llamas, en calidad de investigados dentro del conocido como 'caso Leire'.
González está citada a partir de las 10.15 horas y, posteriormente, comparecerá el DAO. El magistrado les atribuye de manera provisional posibles delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia en la investigación sobre una presunta estructura destinada a interferir en procedimientos judiciales que afectaban al Gobierno y al PSOE.
La causa gira alrededor de las actuaciones atribuidas a la exmilitante socialista Leire Díez, a quien el juez sitúa como coordinadora de determinadas maniobras. Los investigadores apuntan, además, al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán como supuesto responsable principal de la trama, una hipótesis que todavía deberá ser acreditada durante la instrucción.
El juez Pedraz interroga a la directora de la Guardia Civil y al DAO como investigados por el 'caso Leire'
Las reuniones entre Mercedes González y Leire Díez
La imputación de la directora general de la Guardia Civil se produjo después de que la Unidad Central Operativa incorporara a la causa un informe en el que documentaba tres encuentros presenciales con Leire Díez. Las reuniones habrían tenido lugar el 30 de septiembre y el 20 de diciembre de 2024, así como el 2 de abril de 2025.
Según la tesis de la UCO, Díez habría aprovechado su relación con González para promover actuaciones internas contra la propia unidad encargada de algunas de las investigaciones judiciales más sensibles de los últimos años. Los agentes sostienen que las conversaciones pudieron desembocar en la apertura de procedimientos administrativos que afectaban a miembros de la UCO.
Mercedes González ha rechazado tajantemente estas acusaciones. Durante una comparecencia celebrada en mayo en el Senado, aseguró que «nunca, jamás» había interferido en una investigación, presionado a agentes o participado en iniciativa alguna dirigida a frenar procedimientos judiciales.
La responsable del Instituto Armado sí reconoció varias reuniones y el intercambio de algunos mensajes de WhatsApp con Díez, a quien conocía de su etapa como delegada del Gobierno en Madrid. No obstante, defendió que en el encuentro de septiembre de 2024 no se abordaron investigaciones en curso. También afirmó que rechazó la petición de que el comandante Rubén Villalba, investigado en el 'caso Koldo', regresara a su anterior destino.
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Las presuntas presiones sobre la UCO
La citación de Manuel Llamas está relacionada con el testimonio de Rafael Yuste, jefe de la UCO entre 2023 y 2025. Este habría asegurado que recibió indicaciones del DAO y del entonces director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, para que la unidad se «pusiera de perfil» en la investigación sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
La Fiscalía Anticorrupción respaldó la comparecencia de Llamas como investigado al considerar que las actuaciones descritas podrían haber buscado desincentivar el trabajo de los agentes. Las fiscales sostienen que la apertura de expedientes e informaciones reservadas contra miembros de la UCO tenía capacidad para condicionar el ejercicio independiente de sus funciones como Policía Judicial.
Entre esas actuaciones figura una investigación interna por la posible filtración a los medios de mensajes entre el exministro José Luis Ábalos y otros dirigentes socialistas. Anticorrupción considera relevante determinar si esos procedimientos administrativos estuvieron justificados o si formaron parte de una estrategia más amplia para someter a presión a la unidad.
Las declaraciones de González y Llamas permitirán al juez contrastar los informes policiales, los testimonios incorporados a la causa y la versión de los dos máximos responsables actuales de la Guardia Civil. Ambos comparecen como investigados, una condición procesal que les permite declarar asistidos por un abogado y que no implica una condena ni anticipa el resultado de la investigación.
