El juez Hurtado ha rechazado otra queja del Fiscal General sobre los mensajes borrados

El juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha rechazado otra queja del fiscal general sobre la recuperación de mensajes eliminados. Los mensajes fueron borrados entre el 8 y el 14 de marzo, fechas clave en la filtración de datos del empresario Alberto González Amador.

González Amador es el novio de Isabel Díaz Ayuso, y su caso ha generado una gran controversia en el ámbito judicial y político español. Hurtado recordó que las comisiones rogatorias fueron necesarias por la falta de colaboración de García Ortiz en la entrega de información.

El juez subrayó que la falta de cooperación del fiscal no puede impedir que se realicen diligencias para suplir la información desaparecida. García Ortiz sostiene que la solicitud es desproporcionada y supone una causa de nulidad, pero el juez insiste en su validez procesal.

El magistrado recalca que fue el propio fiscal quien eliminó datos de sus dispositivos, lo que justifica la recuperación de la información. El fiscal argumentó que la comisión rogatoria enviada a Irlanda no precisaba el objeto de las descargas solicitadas a Google y WhatsApp.

Hurtado respondió que la recuperación de datos es necesaria ante la posible eliminación intencional de información en el móvil del investigado. El análisis pericial de los datos obtenidos se centraría únicamente en los mensajes existentes en el móvil entre el 8 y el 14 de marzo.

Según el juez, García Ortiz confunde la solicitud de información con el acceso y análisis, lo que demuestra falta de fundamento en su queja. La Fundación Foro Libertad y Alternativa destacó que, si la comisión rogatoria tiene éxito, se delimitarán los accesos y el análisis de datos.

Hurtado señala que la medida es razonable y coherente con el informe de la UCO, que alertó del borrado de los mensajes del dispositivo. La UCO encontró indicios de eliminación intencionada de datos en el móvil del fiscal, lo que refuerza la necesidad de recuperar la información.

El juez también rechazó el recurso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) sobre la petición a Google y Meta. APIF solicitaba que la información se pidiera en España y no a las sedes de Google y WhatsApp en Irlanda para evitar intervención política.

El instructor considera que acudir a las sedes centrales en Irlanda es la vía correcta para garantizar la recuperación de los mensajes. El recurso de García Ortiz intentaba bloquear la decisión del juez de reclamar los mensajes eliminados, alegando razones de seguridad.

Según el fiscal general, la eliminación de datos fue parte de un protocolo de protección que ni la fiscal superior de Madrid conocía. Almudena Lastra y el fiscal Julián Salto, que investiga a González Amador, declararon no conocer el protocolo mencionado por Ortiz.

Las dudas sobre la actuación de García Ortiz han generado críticas, ya que su negativa obstaculiza el esclarecimiento del caso.