Según una exclusiva de La Razón, Ismael Moreno consulta a Anticorrupción y a las partes contra quién debe continuar la causa y qué hechos se atribuyen a cada investigado
La investigación del 'caso Koldo' que permanece en la Audiencia Nacional afronta un trámite decisivo para determinar su siguiente fase. Según una exclusiva de La Razón, el juez Ismael Moreno ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción y a las partes personadas que se pronuncien sobre cómo debe continuar el procedimiento, contra qué personas y por qué hechos. Entre los investigados figuran Juan Carlos Cueto, considerado el presunto cerebro del entramado, y la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera.
La providencia descrita por el periódico abre la consulta sobre el futuro de la pieza principal, pero todavía no supone una decisión de procesamiento ni el envío de todos los investigados a juicio. El magistrado reclama que las partes concreten sus posiciones antes de resolver sobre la continuación de las actuaciones.
El movimiento mantiene bajo escrutinio judicial la gestión de organismos vinculados al Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos. La causa obliga a examinar tanto las adjudicaciones a Soluciones de Gestión como las decisiones de responsables públicos que intervinieron en otros hechos incorporados posteriormente a la investigación.
El juez del 'caso Koldo' avanza hacia el procesamiento del presunto cerebro de la trama
Cueto y los contratos de Transportes, en el centro de las pesquisas
El origen del procedimiento está en una querella de Anticorrupción por presuntas irregularidades en los contratos adjudicados a Soluciones de Gestión. Las compras de mascarillas investigadas se realizaron a través de Puertos del Estado y Adif, dos entidades dependientes del departamento que dirigía Ábalos.
Cueto aparece señalado como el empresario que presuntamente controlaba la compañía. También permanece investigado Íñigo Rotaeche, que figuraba como administrador único, junto con otras personas vinculadas al caso. Entre ellas están Joseba García, hermano de Koldo, y Patricia Úriz, esposa del exasesor ministerial.
Las pesquisas alcanzan además a Álvaro Sánchez Manzanares, antiguo secretario general de Puertos del Estado. El requerimiento de Moreno exige ahora precisar qué hechos se atribuyen a cada persona y contra quién consideran las partes que debe seguir el procedimiento.
El alcance político del 'caso Koldo' va más allá del entorno personal de Ábalos. La investigación afecta al funcionamiento de entidades públicas, a sus mecanismos de contratación y a las decisiones adoptadas bajo la dirección de uno de los ministros que tuvo mayor peso en el Gobierno de Sánchez.
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La contratación de Jésica sitúa a Pardo de Vera bajo investigación
La pieza también incorpora las pesquisas sobre la contratación de Jésica Rodríguez, entonces pareja de Ábalos, en Ineco y Tragsatec. Ese bloque se investigó inicialmente en el Tribunal Supremo y después fue remitido a la Audiencia Nacional.
Según detalla La Razón, Pardo de Vera y el exdirector general de Carreteras Javier Herrero continúan investigados por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. En el caso de la expresidenta de Adif, su imputación se vincula a la presunta contratación irregular de Rodríguez, una distinción relevante respecto a las adjudicaciones de mascarillas.
La división del procedimiento respondió al aforamiento que tenía Ábalos como diputado. El Supremo asumió la investigación que le afectaba junto con Koldo García y Víctor de Aldama por la conexión entre los hechos, mientras otras actuaciones siguieron en la Audiencia Nacional.
La petición de informes de Moreno vuelve a poner el foco en las responsabilidades individuales dentro de esa estructura. La resolución que adopte deberá concretar qué acusaciones cuentan con fundamento para avanzar y quiénes deberán responder por ellas en la siguiente fase judicial.
