La juez apunta al Ministerio de Transición Ecológica por negligencia en la pasarela derrumbada en Santander
Ministerio de Transición Ecológica contra las cuerdas
porJose Andres Jorge Barceló
politica
La magistrada instructora ha atribuido la responsabilidad del mantenimiento de la infraestructura a la Demarcación de Costas en Cantabria, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica
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La investigación judicial sobre el derrumbe de la pasarela de la playa de El Bocal, en Santander, que dejó seis fallecidos el pasado 3 de marzo, ha dado un giro relevante. La magistrada instructora ha atribuido la responsabilidad del mantenimiento de la infraestructura a la Demarcación de Costas en Cantabria, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, al considerar que era la única administración encargada de su conservación.
En un auto judicial, la titular del juzgado de instrucción ha acordado dirigir la acción penal contra dos funcionarios de este organismo, al apreciar “serios indicios” de una posible actuación negligente en el mantenimiento de la pasarela.
La magistrada expone que la reparación llevada a cabo en el verano de 2024 se limitó a la estructura de madera y no a los elementos oxidados
Indicios de negligencia en el mantenimiento
Según la resolución, la pasarela formaba parte de unas obras que nunca llegaron a finalizarse ni a ser recepcionadas por el Ayuntamiento de Santander. Este hecho implica que la responsabilidad de su conservación recaía exclusivamente en la Administración central.
La jueza destaca que la reparación realizada en el verano de 2024 fue insuficiente, ya que se limitó a la estructura de madera, a pesar de que informes técnicos advertían del grave deterioro de los elementos metálicos, que se encontraban completamente oxidados.
Este punto resulta clave en la investigación, ya que refuerza la hipótesis de que las actuaciones llevadas a cabo no fueron adecuadas para garantizar la seguridad de la infraestructura.
Obras sin finalizar desde 2014
El origen del problema se remonta a los proyectos de construcción de la senda costera iniciados en 2012. Tras la paralización del primer contrato y la no aprobación de un segundo proyecto en 2016, las obras quedaron inconclusas.
A pesar de ello, la pasarela permaneció abierta al público durante años sin restricciones, lo que, según la magistrada, refuerza la responsabilidad de la Demarcación de Costas en su mantenimiento.
El auto subraya que esta administración era plenamente consciente de su obligación de conservación, tal y como reflejan informes internos previos al accidente que alertaban del deterioro de la estructura.
Según la juez, la Administración central "la única responsable de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento"
Investigación en curso y nuevas diligencias
La jueza ha ordenado ampliar los informes periciales para determinar si las actuaciones realizadas fueron suficientes y si el estado de la pasarela hacía previsible el colapso. Asimismo, se investigará la posible responsabilidad directa de los funcionarios implicados en la supervisión y mantenimiento de la infraestructura.
Además, se ha solicitado a la Policía Judicial la recopilación de pruebas que permitan conocer el estado real de la pasarela antes del siniestro, incluyendo fotografías y testimonios de ciudadanos que frecuentaban la zona.
El papel del Ayuntamiento de Santander
Aunque la responsabilidad principal recae en Costas, la magistrada también señala que el Ayuntamiento de Santander tenía competencias en materia de seguridad en espacios públicos. En este sentido, considera que, en caso de detectar riesgos, debía haber procedido a señalizar o restringir el acceso a la pasarela.
Este aspecto abre la puerta a analizar posibles responsabilidades compartidas, especialmente si se demuestra que el deterioro era visible y que no se adoptaron medidas preventivas.
Un caso con graves consecuencias
El colapso de la pasarela de El Bocal ha tenido un fuerte impacto social, no solo por el número de víctimas, sino también por las circunstancias en las que se produjo el accidente.
La investigación judicial continúa abierta y será clave para esclarecer las responsabilidades y determinar si existieron fallos en la gestión y mantenimiento de la infraestructura que pudieron evitar la tragedia.
