José Luis Ábalos intenta hacer caja con su ONG y Pedro Sánchez se esconde mientras estalla otro escándalo del Gobierno

El exministro José Luis Ábalos regresa al centro del debate tras intentar vender la sede de su ONG. La maniobra buscaba liquidez inmediata en plena investigación judicial y con su entorno bajo presión. El episodio añade otra grieta a un Gobierno ya rodeado de polémicas.

La propiedad pertenece a Fiadelso, fundación creada por Ábalos y financiada durante años con dinero público. El inmueble valenciano fue ofrecido a terceros, aunque la operación quedó bloqueada por desacuerdos internos. El intento fallido deja preguntas incómodas sobre patrimonio y responsabilidades.

Las diligencias avanzan y revisan cuentas, contratos y relaciones del antiguo ministro. La oposición exige explicaciones claras y comparecencias inmediatas en el Congreso. La ciudadanía asiste, cansada, a un nuevo capítulo de desgaste institucional.

La operación frustrada

Fuentes jurídicas explican que la venta pretendía aliviar tensiones económicas del entorno del exdirigente socialista. El plan no prosperó, pero podría agravar su situación procesal si hubo voluntad de ocultar bienes. Especialistas alertan del riesgo penal cuando se mueven activos durante una investigación. 

Los agentes analizan transferencias pasadas y la trazabilidad de subvenciones concedidas a la fundación. Cada documento revisado aumenta la presión política sobre el Ejecutivo. La transparencia prometida vuelve a quedar en entredicho.

Fondos públicos bajo sospecha

Fiadelso recibió ayudas millonarias durante etapas socialistas en distintas administraciones. Hoy, su sede aparece como pieza central de una maniobra que despierta serias dudas éticas. Las preguntas crecen mientras las respuestas siguen sin llegar.

Desde la derecha recuerdan que este es otro asunto que afecta directamente al Gobierno. Hablan de patrón, no de casualidad, y reclaman auditorías independientes. Exigen depurar responsabilidades sin escudos partidistas.

Moncloa guarda silencio

Mientras tanto, Pedro Sánchez evita pronunciarse con contundencia. El Ejecutivo insiste en separar lo personal de lo político, pese al evidente impacto institucional. Para muchos votantes, el silencio resulta tan elocuente como preocupante.

Este episodio se suma a una cadena de controversias que salpican al Partido Socialista Obrero Español. Contratos bajo lupa, comisiones investigadas y ahora una venta apresurada financiada con dinero de todos. El desgaste es visible dentro y fuera del Parlamento.

Portavoces críticos denuncian doble vara de medir y protección implícita a antiguos cargos. Reclaman comparecencias urgentes y un calendario claro de explicaciones. También piden que se publique cada euro recibido por la fundación.

Analistas subrayan que la credibilidad institucional se erosiona cuando los escándalos se normalizan. La falta de respuestas firmes alimenta la desafección y debilita la confianza ciudadana. El coste reputacional crece cada semana.

España asiste a otro golpe a la imagen del poder. La Justicia seguirá su curso, pero la política ya ha quedado tocada. Y el Gobierno, una vez más, no se da por aludido.