El norte de Castilla El alcalde de San Vicente del Palacio, entre los pocos que no se dejan comprar en política
Miguel García Sáez denunció un intento de soborno tras negarse a “mirar para otro lado” y llevar el caso a los tribunales en pleno debate sobre la corrupción institucional.
Miguel García, alcalde de San Vicente del Palacio, se convirtió en protagonista inesperado de un caso que vuelve a poner la corrupción política bajo el foco. El regidor denunció un intento de soborno relacionado con un conflicto urbanístico en el municipio vallisoletano.
Según el relato judicial, el ofrecimiento se produjo en 2021. El acusado pretendía que el alcalde evitara obligar a demoler una obra ilegal en una estación de servicio. A cambio, ofreció dinero en efectivo.
Durante la conversación, el empresario llegó a decirle que no fuera bobo. También le insinuó que ese tipo de problemas “se arreglaban con dinero negro”. El alcalde rechazó la propuesta y presentó denuncia.
La Fiscalía sostuvo que el acusado ofreció hasta 7.000 euros para que el consistorio no ejecutara la demolición de un talud levantado sin proyecto. El conflicto se arrastraba desde un decreto municipal que obligaba a eliminar la estructura irregular.
El procedimiento judicial terminó con un acuerdo de conformidad. El acusado reconoció los hechos y aceptó una condena de dos años de prisión, multa económica e inhabilitación.
El caso ha trascendido más allá del ámbito local. García sostiene que recibió presiones políticas y críticas por mantener el pulso legal. Incluso asegura que le sugirieron cambiar su posición dentro de su partido.
Ayuntamiento de San Vicente del Palacio, Valladolid | Ayuntamiento San Vicente del Palacio
La denuncia ha reabierto el debate sobre la normalización del soborno en la política municipal. Expertos y observadores recuerdan que los casos de cohecho suelen aparecer en conflictos urbanísticos y de intereses económicos.
El alcalde mantiene que su actuación responde únicamente al cumplimiento de la ley. Defiende que las instituciones deben protegerse de las prácticas irregulares. Y advierte de que el problema de la corrupción sigue presente en distintos niveles de la política española.
El episodio, convertido ya en sentencia, deja una pregunta abierta:
¿Cuántos cargos públicos reciben presiones similares y cuántos deciden denunciarlas?.
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