
La izquierda sigue prefiriendo las lechugas a las personas
Por Fernando de Rosa
El pasado 8 de mayo la izquierda representada por 50 diputados del PSOE, Compromís, Podemos y ERC, se hicieron una foto en la “Puerta de los Leones” del Congreso de los Diputados para anunciar que iban a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto-ley impulsado por el Gobierno de la Generalitat Valenciana derogando la ley de la Huerta aprobada durante el gobierno de Ximo Puig.
Esa fotografía pasará a la historia como la foto de la vergüenza y de la hipocresía de una izquierda que ha vuelto a preferir su sectarismo ideológico a defender la vida de los valencianos. Hay que recordar que el alcalde socialista de Aldaia, en una manifestaciones realizadas en la televisión autonómica valenciana a los pocos días de que ocurriese la terrible tragedia que asoló la provincia de Valencia, puso de manifiesto que advirtió al anterior presidente Ximo Puig que mantener la referida ley condenaba a muerte a los vecinos de su localidad, ya que preferían “las lechugas a las personas”, llegando a decir que las muertes de Aldaia se hubieran evitado si esa ley se hubiera derogado porque impedían las obras antirriada en el barranco de la Saleta que atraviesa el municipio.
Es indignante comprobar como algunas de las personas que estaban en esa fotografía denunciando que la Generalitat valenciana persigue un “urbanismo salvaje y depredador” al derogar dicha ley, se fotografiaron en el año 2018 pidiendo que se permitiera edificar en zonas inundables, como la diputada socialista y entonces alcaldesa de Quart de Poblet Carmen Martínez, alegando que se impedía “el desarrollo urbanístico de sus municipios”. Igualmente el ayuntamiento de Paiporta, liderado por la socialista Maribel Albalat, pidió en el mes de junio pasado que se modificara la Ley de la Huerta para “permitir la urbanización de la zona comprendida entre el barranco de Chiva con la carretera CV-400 y la zona industrial de Paiporta” porque la referida ley “dejaba puntos de degradación de imposible recuperación”, el 29 de octubre se pudo comprobar como quedó destrozada dicha zona por la riada.
Pero para más vergüenza la que fue consellera de medio ambiente socialista María José Salvador, que también se ha apuntado a la foto en la puerta de Los Leones del Congreso, en el año 2017 anunció que el Consell de Ximo Puig iba a recurrir el decreto del Gobierno de Mariano Rajoy de fecha 29 de diciembre que prohibía la construcción en zonas de grave peligro de inundación, porque era una “invasión de competencias” y “limita de forma notable la actividad urbanística y el uso del suelo en zonas susceptibles de sufrir inundaciones”, co o recogió la prensa del momento. Además llegaron a afirmar alcaldes socialistas que “millones de metros cuadrados de suelo urbanizable no podrán desarrollarse porque la normativa de Rajoy limita todo tipo de obras anulando sus planes de desarrollo urbano”.
La derogación de la Ley de la Huerta aprobada por el Gobierno de Carlos Mazón tiene la finalidad evitar el bloqueo de infraestructuras clave que hubieran salvado vidas como han afirmado reputados técnicos y expertos en la materia, y sobre todo tiene la finalidad de preservar las zonas inundables pero permitiendo la acción quirúrgica en los barrancos que se adentran como puñales en muchos municipios valencianos ya que como dijo el alcalde socialista de Aldaia a veces las lechugas deben de sacrificarse para proteger a las personas. Pero sobre todo la sectaria legislación de la izquierda no puede convertirse en un obstáculo para ejecutar obras antirriadas. Es necesario evitar edificación en zonas inundables pero también se ha de permitir que se realicen obras preventivas de inundaciones en ríos y barrancos y esa finalidad es la que persigue el Gobierno de la Generalitat Valenciana, es decir menos sectarismo y radicalismo ideológico y más sentido común para defender a los ciudadanos de catástrofes naturales.
La izquierda valenciana levanta ahora la bandera de la “especulación urbanística no”, pero la realidad es que en el año 2017 el gobierno de Ximo Puig se opuso a las medidas urbanísticas de protección de zonas inundables del Gobierno Rajoy, en el año 2018 alcaldes socialistas solicitaron que se derogaran todas las normas que les impidieran realizar proyectos urbanísticos e incluso el ayuntamiento de Paiporta en junio de 2024, cuatro meses antes de la Dana, solicitó que se excluyera de la normativa antiinundación zonas que fueron destrozadas el 29 de octubre de 2024. Pero ahora se hacen la foto en la Puerta de los Leones del Congreso queriendo mantener la ley que ha provocado graves daños en vidas en la Comunitat Valenciana, por eso habrá que recordar la hemeroteca cada vez que la izquierda hable de “especulación urbanística”.
Más noticias: