Italia y Dinamarca han vuelto a situar la inmigración irregular en el centro del debate europeo. Sus primeras ministras, Giorgia Meloni y Mette Frederiksen, han reclamado un endurecimiento de las políticas migratorias y un aumento de las deportaciones de extranjeros que no tengan derecho a permanecer en Europa.
En un comunicado conjunto difundido este lunes, ambas dirigentes han defendido que Europa debe abandonar cualquier planteamiento que permita una inmigración que consideran descontrolada. Meloni y Frederiksen, pese a proceder de espacios políticos diferentes, han destacado que sus gobiernos comparten una línea más restrictiva frente a las entradas irregulares.
Las dos mandatarias han advertido de las consecuencias que atribuyen a la inmigración ilegal y han señalado especialmente la presión que puede generar sobre los servicios públicos y la seguridad. También han expresado su preocupación por los delitos violentos y la violencia sexual cometidos, según afirman, por personas que carecen de autorización para permanecer en sus países.
El mensaje de Roma y Copenhague supone una nueva presión sobre las instituciones europeas para que refuercen los mecanismos de retorno. Ambas primeras ministras consideran que no basta con controlar las fronteras si después las órdenes de expulsión no pueden ejecutarse con eficacia.
Meloni y Frederiksen, pese a proceder de espacios políticos diferentes, han destacado que sus gobiernos comparten una línea más restrictiva frente a las entradas irregulares
Por este motivo, Meloni y Frederiksen reclaman aumentar considerablemente el número de deportaciones y plantean ampliar los centros de repatriación situados en terceros países. La propuesta pretende facilitar el traslado de aquellas personas que hayan recibido una orden de salida y no puedan permanecer legalmente en territorio europeo.
Las dos dirigentes también abogan por buscar nuevas fórmulas fuera de las fronteras de la Unión Europea para gestionar los retornos. Su objetivo es que los países europeos dispongan de más herramientas para ejecutar las expulsiones y evitar que las decisiones administrativas queden sin aplicación efectiva.
Italia lleva años reclamando una mayor implicación de sus socios europeos para controlar las rutas migratorias y repartir las responsabilidades derivadas de las llegadas. El Gobierno de Meloni ha convertido además la lucha contra la inmigración irregular en uno de los principales ejes de su política.
Dinamarca, por su parte, ha mantenido una posición especialmente restrictiva dentro de la Unión Europea y ha defendido en diferentes ocasiones medidas destinadas a facilitar los retornos. Ahora, Copenhague y Roma pretenden trasladar parte de este enfoque al conjunto de los Estados miembros.
Por este motivo, Meloni y Frederiksen reclaman aumentar considerablemente el número de deportaciones
La iniciativa llega mientras varios gobiernos europeos reclaman revisar las políticas migratorias comunitarias y mejorar la eficacia de los procedimientos de expulsión. El debate se centra cada vez más en la capacidad real de los Estados para devolver a quienes no cumplen los requisitos para permanecer.
Meloni y Frederiksen reconocen que aumentar las deportaciones no resolverá por sí solo todos los problemas derivados de la inmigración irregular. Sin embargo, consideran que constituye una pieza imprescindible de una política migratoria que, a su juicio, debe combinar control fronterizo, retornos efectivos y acuerdos con terceros países.
La propuesta vuelve a evidenciar las diferencias existentes dentro de Europa sobre cómo afrontar la inmigración. Mientras algunos gobiernos reclaman una política más restrictiva, otros defienden un enfoque basado en la protección internacional y la integración.
