Europa Press La investigación de financiación ilegal del PSOE amenaza al Gobierno de Sánchez y podría hundir al partido
La diligencia buscaba aclarar si existió alguna operación de blanqueo relacionada con abonos de dinero en metálico a Koldo García
El PSOE de Pedro Sánchez quedó bajo escrutinio judicial ante la investigación secreta sobre la financiación de su partido.
La diligencia buscaba aclarar si existió alguna operación de blanqueo relacionada con abonos de dinero en metálico a Koldo García. La UCO detectó que el exasesor de Ábalos percibió pagos en efectivo que no coincidían con la liquidación de gastos presentada. El auto judicial recordó que el Tribunal Supremo advirtió de conductas que podrían ser ilícito penal u otras irregularidades.
La Policía Judicial alertó de que Koldo y Ábalos manejaron cuantías de dinero, posiblemente derivadas de comisiones irregulares. El magistrado citó como testigos al exgerente Mariano Moreno Pavón y a Celia Rodríguez, empleada de la Secretaría de Organización. Días antes, el PSOE entregó voluntariamente al Supremo material adicional sobre el manejo de la caja pagadora del partido.
El PSOE de Pedro Sánchez quedó bajo escrutinio judicial ante la investigación secreta sobre la financiación de su partido | Europa Press
La documentación corrigió información previa y mostró que retiraron casi un millón de euros en siete años para abonos en metálico. Se indicó que los pagos a Koldo García correspondían a liquidaciones de gastos del "equipo de organización" del partido. No constaban como pagos individuales en contabilidad, por lo que no se incluyeron inicialmente en la respuesta al magistrado.
El material fue entregado a las puertas de la declaración de los testigos, con advertencia de que abrirían investigación si no aclaraban dudas.
Ni Moreno Pavón ni Rodríguez ofrecieron explicaciones plausibles sobre por qué alguien externo recibió el dinero del partido. Tampoco aclararon si se verificaban los tickets aportados por el asesor ministerial ni si llegaba el dinero a los destinatarios reales.
Moreno Pavón afirmó que este sistema era habitual y que se aplicaba no solo a la Secretaría de Organización, sino a toda la Ejecutiva. El Tribunal Supremo remitió la investigación a la Audiencia Nacional al detectar actividades irregulares y potencialmente delictivas.
La Audiencia pidió a la Fiscalía Anticorrupción que reclamara al PSOE información de todos los pagos sin excepción para cotejar datos. La Ley Orgánica 6/2002 regula la ilegalización de partidos políticos en España, con criterios muy estrictos y excepcionales. Un partido puede ser ilegalizado si defiende violencia, ataca el sistema democrático o vulnera derechos fundamentales.
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La financiación ilegal por sí sola no implica automáticamente la ilegalización del partido, según la legislación vigente.
Los responsables pueden ser sancionados, multados o procesados, y se les puede obligar a devolver fondos recibidos irregularmente. El Tribunal Supremo es el órgano que decide la ilegalización, requiriéndose que la conducta del partido amenace el sistema democrático.
Si se demuestra financiación ilegal, los dirigentes pueden ser sancionados, y el partido multado, pero la ilegalización es improbable.
Solo se aplicaría si se acreditara que las irregularidades ponen en riesgo el sistema democrático o vulneran la Constitución española.
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