El ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido objeto de una primera solicitud de indulto. Esto, lo que ha llevado al Ministerio de Justicia a poner en marcha el procedimiento correspondiente. García Ortiz fue condenado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos, que le impuso una pena de dos años de inhabilitación para el cargo.
La petición ha sido presentada por dos ciudadanos particulares. Conforme al procedimiento legal, el Ministerio de Justicia ha solicitado al Tribunal Supremo un informe sobre la conveniencia del indulto, al tratarse del órgano que dictó la sentencia. Esta información fue adelantada por El País y confirmada posteriormente por fuentes del Ejecutivo a Europa Press.
La normativa vigente permite que este tipo de solicitudes sean promovidas no solo por la persona condenada o sus familiares. Sino también por terceros que actúen en su nombre. Antes de que se adopte una decisión, deben recabarse los informes del tribunal sentenciador, la Fiscalía y la parte afectada por los hechos.
La decisión final, en caso de que el expediente siga adelante, corresponde al Consejo de Ministros, a propuesta del titular de Justicia. Se formaliza mediante un real decreto aprobado por el Rey y publicado en el Boletín Oficial del Estado. La sentencia dictada el pasado diciembre incluye, además de la inhabilitación, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros por daños morales.
