El informe presentado por el Partido Popular en la Comisión de Investigación del Senado sobre el apagón del 28 de abril de 2025 ha desatado una nueva tormenta política. El documento, de casi 100 páginas, concluye que la mayor crisis eléctrica reciente en España no fue un hecho fortuito, sino el resultado de una cadena de fallos evitables que implican directamente a Red Eléctrica, al Gobierno y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Según las conclusiones del informe, el operador del sistema, presidido por Beatriz Corredor, tenía constancia de vulnerabilidades en la red desde al menos el 31 de enero de 2025. A pesar de ello, no adoptó medidas preventivas proporcionales al riesgo detectado. Además, el mismo día del apagón, los técnicos ya habrían identificado fallos críticos desde primeras horas, sin que se activaran los protocolos de emergencia correspondientes.
El documento también atribuye responsabilidad política directa al Ejecutivo de Pedro Sánchez. En este sentido, el PP sostiene que el Gobierno no ejerció una supervisión adecuada sobre el operador eléctrico ni solicitó información formal sobre incidentes previos registrados en abril, algunos de los cuales ya habían provocado interrupciones en sectores industriales y ferroviarios.
Uno de los puntos más controvertidos del informe se centra en la política energética desarrollada en los últimos años. Los populares critican que se haya priorizado la integración de energías renovables sin reforzar los mecanismos de estabilidad del sistema. Una estrategia que, según el texto, se inició bajo el mandato de Teresa Ribera y que ha continuado con su sucesora, Sara Aagesen.
