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Personas colaboran en la limpieza de una calle cubierta de lodo tras una inundación.
POLÍTICA

El informe que ha preparado el PP para demostrar que Sánchez tiene la culpa

El PP se apoya en la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil y el Real Decreto 524/2023

El PP ha emitido un informe detallado en el que acusa al gobierno de Pedro Sánchez. De una presunta negligencia en la respuesta y coordinación de las recientes catástrofes naturales que han golpeado a varias comunidades autónomas en España.

Según el documento, la inacción de la administración central habría exacerbado las consecuencias de una emergencia. Que debería haber sido declarada como de "interés nacional"  mucho antes de que los daños y las víctimas aumentaran de forma irreversible.

El marco normativo: ¿Una ley ignorada?

El PP se apoya en la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil y el Real Decreto 524/2023. Normas que establecen un Sistema Nacional de Protección Civil que busca asegurar la coordinación y cohesión en la gestión de emergencias.

Este marco normativo obliga al Estado a tomar el control de las situaciones. Esto cuando los recursos autonómicos son insuficientes o las dimensiones de la catástrofe superan las capacidades locales.

Hombre con chaleco rojo hablando en un micrófono durante un evento al aire libre.

Desde la implementación de esta ley, eventos como la erupción del volcán en La Palma y la borrasca Filomena han sido ejemplos recientes de emergencias gestionadas bajo el paraguas autonómico.

El PP argumenta que, en el caso de la tormenta del pasado 29 de octubre, la magnitud del desastre demandaba la intervención estatal. Para asegurar una respuesta unificada y eficiente, algo que, sostienen, el Gobierno de Sánchez decidió ignorar.

¿Emergencia de interés nacional?

El concepto de "emergencia de interés nacional" es fundamental en este debate. La ley define estas emergencias como aquellas que, por sus dimensiones o impacto potencial. Requieren una dirección de carácter nacional o la coordinación entre múltiples administraciones.

En este caso, el PP destaca que el desastre afectó a varias comunidades autónomas, incluyendo Madrid, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, y que los recursos locales se vieron rápidamente sobrepasados.

“Es evidente que el desastre cumplía los criterios para ser considerado de interés nacional,” afirmó un portavoz del PP. Según el artículo 28 de la Ley de Protección Civil, el gobierno debería haber asumido el liderazgo en esta situación. Canalizando recursos y personal de manera coordinada.

En particular, la UME altamente capacitada para enfrentar catástrofes a gran escala. Podría haber sido desplegada bajo la dirección central del Ministerio del Interior, algo que el PP critica que no se haya hecho con suficiente prontitud.

Un árbol grande con raíces expuestas se encuentra en un lecho de río seco con un puente dañado al fondo y edificios a los lados.

Un Estado en alerta... pero no en acción

El informe del PP cita el artículo 6.1 del Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil. El cual establece que la Dirección General de Protección Civil y Emergencias debe operar en "alerta y seguimiento permanente". Esta disposición pretende asegurar que el Estado pueda anticiparse y movilizarse rápidamente en caso de emergencias graves.

Sin embargo, el partido sostiene que, a pesar de contar con los mecanismos para monitorear la situación en tiempo real. El gobierno no actuó en consecuencia.

Las críticas al Gobierno de Sánchez

Las conclusiones del informe del PP son tajantes. Según el partido, el gobierno no solo ha actuado tarde. Si no que ha optado por no asumir sus responsabilidades de manera consciente, dejando a las comunidades autónomas lidiar con la tragedia de manera desigual.

En palabras de un portavoz del partido: “El gobierno de Pedro Sánchez ha abandonado a los ciudadanos en el momento que más lo necesitaban. La falta de declaración de la emergencia de interés nacional es un error que costó vidas y agrandó los daños materiales”.

El PP pide además que se revisen los procedimientos para activar el Sistema Nacional de Protección Civil. Propone una reforma que permita una respuesta más ágil y coordinada, sin que las decisiones dependan únicamente de la voluntad política.

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