Indignación contra el Ministerio del Interior por mantener la medalla pensionada al asesor policial cesado por silenciar una violación

El Gobierno vuelve a quedar en entredicho por su gestión de un caso especialmente sensible dentro de la Policía Nacional. Varias asociaciones han pedido al Ministerio del Interior que retire la medalla pensionada concedida a un asesor del Jefe de la Policía cesado tras silenciar una violación en un comunicado oficial. La polémica no es menor, porque mezcla violencia sexual, opacidad institucional y premios públicos.

El origen del conflicto es claro: el asesor omitió información relevante sobre un delito grave que afectaba directamente a una víctima. Ese silencio fue considerado tan grave que acabó provocando su destitución. Sin embargo, pese al cese, mantiene una condecoración que incluye un complemento económico de por vida.

La situación ha generado indignación entre colectivos que consideran incoherente castigar una conducta y, al mismo tiempo, premiarla con dinero público. Las peticiones de retirada de la medalla se multiplican mientras Interior guarda silencio. Para muchos, el mensaje institucional es devastador.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez afronta así otra crisis de credibilidad. Esta vez vinculada a la gestión policial y al tratamiento de un caso de violencia sexual. No es solo un problema administrativo, es una cuestión ética. 

Interior protege a su gente, no a las víctimas

Las asociaciones denuncian que mantener la medalla pensionada equivale a premiar el silencio ante una violación. No hablan de un error menor, sino de una falta grave de transparencia en un asunto extremadamente delicado. El reconocimiento económico convierte el cese en una sanción incompleta.

El Ministerio se escuda en tecnicismos legales para justificar que la condecoración siga vigente. Interior sostiene que la retirada no es automática y que todo se ajusta a la normativa. Pero esa explicación no convence a quienes ven una protección corporativa evidente.

El contraste es llamativo: se aparta al asesor del cargo, pero se conserva el privilegio económico. Para las asociaciones, eso demuestra que el sistema castiga de cara a la galería, pero protege en los despachos. Y esa doble vara mina la confianza pública.

Una medalla que simboliza el fracaso institucional

La medalla pensionada no es un simple símbolo honorífico, sino un beneficio económico financiado por todos los contribuyentes. Conservarla tras un cese por ocultar una violación lanza un mensaje profundamente erróneo. El mérito queda diluido y la responsabilidad desaparece.

Los colectivos reclaman una rectificación inmediata y sin excusas. Consideran que Interior debería retirar la condecoración para restaurar un mínimo de coherencia institucional. No piden venganza, piden dignidad para las víctimas.

Este episodio revela un patrón preocupante en la gestión del Gobierno: cuando hay errores graves, se minimizan; cuando hay consecuencias, se diluyen. El silencio oficial agrava la sensación de impunidad y refuerza la idea de que el aparato del Estado se protege a sí mismo.

La ciudadanía espera firmeza frente a la violencia sexual, no medias tintas administrativas. Un Gobierno serio no puede permitir que alguien cesado por silenciar una violación conserve una renta vitalicia. Interior aún está a tiempo de corregir, pero cada día que pasa el daño es mayor.

Porque cuando se premia el silencio, lo que se castiga es la confianza.