La medida fue impulsada por el departamento de Fernando Grande-Marlaska, el ajuste legal se incluyó dentro de un paquete de ayudas urgentes
El Ministerio del Interior modificó en 2024 la norma que regula la jubilación en la Policía Nacional. La reforma se incorporó a un real decreto aprobado tras la DANA. El cambio afectó directamente al director adjunto operativo del cuerpo.
El puesto estaba ocupado por José Ángel González, alto mando policial. La ley fijaba en 65 años la jubilación forzosa de los agentes. Sin embargo, el nuevo redactado introdujo una excepción específica.
Permitía que quien ostentara la Dirección Adjunta Operativa siguiera en activo.
La continuidad quedaba condicionada a mantener el cargo. La medida fue impulsada por el departamento de Fernando Grande-Marlaska. El ajuste legal se incluyó dentro de un paquete de ayudas urgentes.
El Gobierno justificó la decisión por la situación de emergencia nacional.
El texto señalaba que sustituir al responsable operativo sería inadecuado.
La DANA había obligado a desplegar miles de efectivos. La Comunidad Valenciana concentró gran parte del operativo policial. Más de 10.000 agentes participaron en tareas de rescate y seguridad.
Interior defendió que la coordinación exigía estabilidad en el mando. La modificación afectó al artículo 5.2 de la Ley Orgánica 9/2015.
Esa norma regula el régimen de personal del cuerpo policial.
El nuevo redactado evitó la retirada automática del DAO. La permanencia quedó en manos del titular de Interior. Meses antes, el ministro ya había avanzado su intención en el Senado.
En aquella comparecencia defendió la continuidad del comisario. Afirmó que se estudiaba equiparar su situación a la Guardia Civil. El cambio quedó finalmente recogido en el BOE.
La situación dio un giro tras una denuncia presentada en Madrid. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 admitió la causa.
La denunciante es una funcionaria de la Policía Nacional. La causa investiga una presunta agresión sexual con penetración. También figuran denuncias por coacciones y lesiones psíquicas.
Asimismo, se incluyen acusaciones por presunta malversación. Tras conocerse la decisión judicial, el alto mando dimitió. Su salida se produjo después de la admisión a trámite. El decreto que permitió su continuidad ha cobrado relevancia pública.
La excepción legal evitó su jubilación al cumplir la edad prevista.
La reforma vinculó su permanencia exclusivamente al ejercicio del cargo.
