El Gobierno se encargó de alentar al boicot contra La Vuelta ciclista.
La última etapa de la Vuelta Ciclista a España se convirtió en un foco de tensión en Madrid. La Policía Nacional identificó a nueve personas con un pasado marcado por el terrorismo.
Todos habían sido condenados por vínculos con ETA. Algunos habían estado en prisión por kale borroka, desórdenes públicos y colaboración con la banda.
Los agentes los interceptaron en la plaza de Callao. Según fuentes policiales, viajaron desde el País Vasco con una misión clara: reventar el evento deportivo. Se desplazaron ex profeso hasta la capital para unirse a las protestas que acabaron en disturbios.
Las sorpresas no terminaron ahí. Junto a ellos también fueron identificados varios hombres con antecedentes por terrorismo yihadista. Todos habían cumplido condena.
A diferencia del primer grupo, residían en Madrid. Buscaban igualmente participar en las movilizaciones que desembocaron en altercados.
El Ministerio del Interior salió al paso de las informaciones. Desde el departamento de Fernando Grande-Marlaska negaron de forma tajante que se hubieran producido identificaciones de este perfil.
“No se produjo ninguna identificación con estos perfiles”, aseguraron. Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación sostienen lo contrario y subrayan la peligrosidad de los implicados.
