El hermano de Sánchez acorralado: las acusaciones piden 3 años de cárcel

El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, enfrenta una grave acusación que podría llevarlo a prisión. El sindicato Manos Limpias, junto a otras organizaciones, han solicitado tres años de cárcel para él.

Además, exigen que devuelva los 261.154,6 euros que cobró de la Diputación de Badajoz entre julio de 2017 y diciembre de 2023. También piden que la Seguridad Social descuente sus cotizaciones de ese período.

La investigación, liderada por la juez Beatriz Biedma, señala a David Sánchez por presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y  fraude fiscal. Según las acusaciones, habría obtenido un puesto en la Diputación de Badajoz, como jefe de la Oficina de Artes Escénicas, mediante influencias indebidas.

Este cargo, según la denuncia, no cumplía con los requisitos de presencialidad, ya que Sánchez residía en Portugal para eludir impuestos en España. A pesar de declarar su residencia fiscal en el país vecino, cobró un salario público de entre 48.000 y 55.500 euros anuales, lo que ha levantado sospechas sobre su situación patrimonial.

El caso ha generado controversia desde que se destapó en 2024. La jueza Biedma ha recopilado pruebas que incluyen declaraciones  fiscales de Sánchez y cheques de  BBVA con los que pagó al contado un palacete en Portugal.

Estos movimientos han intrigado a la magistrada,  quien también investiga si parte de su patrimonio, que creció en 1,7 millones de euros. Además, se ha cuestionado el absentismo laboral de Sánchez, ya que no habría acudido regularmente a su puesto en Badajoz.

Las acusaciones populares han intensificado la presión. Han solicitado que se impute a dos cargos del PSOE por borrar correos relacionados con el caso y han aportado testimonios. Entre estos, como el de una aspirante que denunció irregularidades en la adjudicación del puesto.

La Fiscalía, sin embargo, ha sido criticada por ocultar información relevante a la jueza.

David Sánchez, que renunció a su cargo en febrero de 2025, niega las acusaciones y defiende la legalidad de su trabajo. El PSOE y el Gobierno han calificado el caso como parte de una “máquina del fango”.

Mientras tanto, la investigación sigue su curso, y la Audiencia Provincial de Badajoz ha respaldado las diligencias de la jueza. El caso promete mantener la atención pública en los próximos meses.