JUCIL, una de las principales asociaciones profesionales de la Guardia Civil, ha elevado una petición oficial
El traspaso de competencias de tráfico de la Guardia Civil a Navarra ha generado una gran controversia. Este movimiento, acordado entre el Gobierno de Sánchez y EH Bildu, ha sido duramente criticado por asociaciones de guardias civiles.
Las consecuencias de este cambio afectan directamente a más de 200 agentes. Quienes deberán optar por integrarse en la Policía Foral, solicitar un traslado o cambiar de especialidad dentro de la Guardia Civil.
JUCIL, una de las principales asociaciones profesionales de la Guardia Civil, ha elevado una petición oficial al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Exigen explicaciones sobre el impacto laboral y personal de esta medida. Que califican como una "traición" hacia los agentes que han trabajado históricamente en la región.
"Es inadmisible que el futuro de estos profesionales se utilice como moneda de cambio político", señaló Ernesto Vilariño, secretario general de JUCIL.
Este cambio responde a la reforma del Amejoramiento del Fuero navarro, aprobada recientemente en el Congreso de los Diputados. La ley establece que las competencias de tráfico quedarán en manos exclusivas de la Policía Foral, rompiendo el modelo compartido que existía hasta ahora.
Este traspaso, defendido por sectores separatistas, ha sido una demanda histórica del autogobierno navarro. Su aprobación ha estado marcada por el apoyo político de Bildu, un partido con vínculos históricos con el entorno de ETA. Lo que añade un componente polémico al debate.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) también ha alzado la voz. En un comunicado, destacaron la "incertidumbre laboral" que enfrentan los agentes y sus familias.
La decisión obliga a los guardias civiles afectados a tomar decisiones drásticas: integrarse en la Policía Foral, buscar un nuevo destino en otras regiones o cambiar de especialidad. Estas opciones no solo afectan sus carreras, sino que generan un desarraigo familiar significativo.
"Este proceso no cuenta con una base legal sólida y parece responder más a intereses políticos que a una planificación adecuada", denunció AUGC. Además, critican la ausencia de explicaciones claras por parte de Marlaska, quien ha evitado comparecer públicamente sobre el tema.
La reciente decisión del Tribunal Supremo de anular el traspaso. Al considerar que el Real Decreto utilizado no se ajusta a la Ley Orgánica del Amejoramiento del Fuero de Navarra, ofrece una posible vía de solución. Sin embargo, la resolución judicial no ha apaciguado el descontento, ya que el Gobierno podría buscar alternativas legales para mantener el traspaso.
JUCIL y AUGC han insistido en la necesidad de revertir esta medida y garantizar la estabilidad profesional y personal de los agentes. "No permitiremos que se juegue con nuestras vidas y nuestro futuro", afirmó Vilariño.
