La Guardia Civil halla en el ordenador de Cerdán un documento de Leire Díez con objetivos judiciales y fiscales

La investigación que dirige el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz continúa arrojando nuevos elementos sobre la denominada trama de las “cloacas” del PSOE. El último informe remitido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorpora un hallazgo que los investigadores consideran especialmente relevante: la localización, en el ordenador de Santos Cerdán incautado en la sede socialista de la calle Ferraz, de un documento elaborado por Leire Díez que contenía un listado de personas consideradas objetivos prioritarios.

Según recoge el atestado policial, entre los nombres incluidos en ese documento figuraban el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena y el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. Ambos han desempeñado papeles destacados en distintas investigaciones judiciales de gran repercusión política durante los últimos años.

La UCO sostiene que el contenido hallado constituye una evidencia de la comunicación permanente entre Leire Díez y Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE. Los agentes consideran que el documento refleja un mecanismo de información y seguimiento por el cual Díez trasladaba a Cerdán detalles sobre distintas actuaciones que estaba desarrollando.

En su informe, los investigadores subrayan que el documento “pone de manifiesto la rendición de cuentas efectuada por parte de Leire” a quien era uno de los máximos responsables orgánicos del partido. Además, destacan que en el archivo aparecen reflejadas numerosas líneas de actuación que coinciden con otras evidencias recopiladas durante la investigación.

La relevancia del hallazgo no reside únicamente en los nombres incluidos en el listado, sino también en el contexto en el que se produce. La Audiencia Nacional investiga una presunta estructura organizada que habría intentado obtener información comprometedora sobre jueces, fiscales y agentes policiales vinculados a causas que afectaban al PSOE, al Gobierno y a personas del entorno del presidente Pedro Sánchez.