La grave advertencia del juez Peinado a Begoña Gómez por su imputación

El  'caso Begoña Gómez' sigue avanzando, aunque desde el Partido Socialista aseguraban que no iba a llegar a ningún lado la investigación. Este lunes, el juez encargado del caso, Juan Carlos Peinado, ha lanzado una importante advertencia a la mujer de Pedro Sánchez. 

El juez Peinado sostiene que la investigación del 'caso Begoña Gómez' ha revelado "de manera clara" la existencia de indicios de delitos  de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Un mes y medio antes de recibir por segunda vez en cinco meses el respaldo de la  Audiencia Provincial de Madrid, Peinado ya había destacado la gravedad del caso. 

En esa resolución, citada por el digital LA RAZÓN, el juez Peinado subraya la gravedad de los delitos investigados y la existencia de indicios suficientes. Destacando que el tráfico de influencias afecta "directamente a la correcta gestión de los presupuestos de los órganos o administraciones" implicadas.

"Es obvio que nos encontramos ante delitos que, aunque tradicionalmente no se han considerado graves",  argumenta el juez, buscan preservar "el correcto funcionamiento de la Administración Pública". Lo cual es "una realidad valiosa" para la sociedad.

Peinado destaca que, dado que este delito tiene un carácter "negativo desde el punto de vista ético o moral", es mucho más grave. Esto, ya que en los ordenamientos jurídicos "de todos los Estados democráticos" el reproche penal se extiende a la "mera puesta en peligro".

El juez recordaba que nuestro Código Penal "considera el tráfico de influencias como un delito de mera actividad", sin necesidad de que se logre el objetivo para que se considere consumado.

Esto lleva a que se clasifique "per se" como un delito grave, ya que afecta directa o indirectamente a toda la sociedad.

Sobre el delito de corrupción en los negocios, Peinado argumentaba que "algo similar podría decirse". Esto, ya que "con la simple lectura de la sección" correspondiente del Código Penal y la terminología utilizada por el legislador al mencionar "corrupción". Se adelanta la idea de que se trata de  una conducta de especial gravedad.

Por ello, subraya, está castigado con una pena que puede alcanzar hasta cuatro años de prisión. Según su criterio, esto justifica "sobradamente" las "injerencias en aspectos relacionados con la intimidad de las personas investigadas". Así como los registros de la vivienda y empresas de Barrabés y la incautación de sus dispositivos informáticos.