El gobierno italiano, liderado por la primer ministro Giorgia Meloni, ha dado un paso firme en su lucha contra la ocupación ilegal de viviendas. Esto, con la aprobación del nuevo Decreto de Seguridad. Esta normativa, que ha generado un amplio debate, introduce penas de hasta siete años de cárcel para quienes ocupen propiedades privadas sin autorización.
Además, agiliza los desalojos, refuerza la protección a personas mayores frente a estafas y fortalece las competencias de la policía. Meloni ha defendido la ley afirmando que “la legalidad es un pilar de la libertad”.
