La cuñada de Pedro Sánchez se ha convertido en la nueva figura cercana al presidente del Gobierno que se une a los tremendos escándalos de los últimos meses. La japonesa, Kaori Matsumoto, se ha llevado la atención de los medios independientes que siguen de cerca las investigaciones judiciales de la familia de Sánchez.
El huracán que envuelve a la cuñada de Sánchez, comienza tras desvelarse el cargo directivo creado por el Gobierno para ella. Presuntamente, Pedro Sánchez, junto con su equipo diplomático, trabajó arduamente para que Kaori Matsumoto, cuñada del presidente, asumiera un cargo directivo en un proyecto antiterrorista financiado con fondos públicos españoles.
Según Vozpópuli, desde 2022, el Gobierno ha trabajado en el traslado a Madrid de Kaori Matsumoto, cuñada del presidente, y su hija de dos años. Gracias a las gestiones de los ministerios de Exteriores e Interior, se ha creado una delegación en Madrid de la Oficina de las Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo. En la que Matsumoto gestiona un programa sobre Mauritania financiado por España, con un coste de al menos 1,2 millones de euros de fondos públicos.

Sin embargo, todos los recursos económicos y humanos utilizados por el Gobierno para conseguir el cargo a la cuñada de Pedro Sánchez han sido echados por la borda. Tras desvelarse su identidad y las informaciones en torno a su nombramiento en el cargo mencionado líneas arriba, la mujer del hermano de Sánchez decidió renunciar al puesto.
Y aunque se ha descartado que Matsumoto acceda a ese puesto, el Gobierno no ha descartado la posibilidad de promoverla a otro cargo dentro de la misma oficina de la ONU. Por lo que se baraja la posibilidad de que, la cuñada de Pedro Sánchez, se mantenga en la ONU, lo que implicaría inmunidad diplomática para ella y para su marido.
Inmunidad y escolta para el hermano de Sánchez
El puesto que iba a ocupar la japonesa, que ya tenía un responsable, otorgaría inmunidad legal a Matsumoto y su familia, incluido David Sánchez. El hermano del presidente del Gobierno investigado por corrupción. Además, permitiría al Gobierno proporcionar escolta policial al matrimonio, según un convenio con la ONU al crear la Oficina de Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo (UNOCT).







