El Gobierno de Sánchez gastó más de 329 millones contra los bulos mientras RTVE lideró la estrategia mediática

El Gobierno destinó más de 329 millones de euros a campañas, programas e iniciativas orientadas a combatir la desinformación y las denominadas fake news. Según reveló un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La mayor parte de estos fondos se canalizó a través de organismos públicos y medios audiovisuales estatales.

Tales como Radio Televisión Española (RTVE), uno de los principales actores en el despliegue de esta estrategia institucional.

El documento, que analizó el periodo comprendido entre noviembre de 2022 y octubre de 2025, cifró en 329.492.816,49 euros los recursos movilizados para el desarrollo de políticas de “alfabetización mediática”. Esta cifra incluso se elevó hasta los 336,6 millones si se tenían en cuenta el conjunto de programas impulsados desde 2022. Más del 95% de la financiación correspondió a iniciativas promovidas y ejecutadas directamente por las administraciones públicas, lo que dificultó identificar a beneficiarios concretos.

La lucha contra la desinformación se convirtió en uno de los ejes discursivos de la legislatura. El Plan para la Democracia presentado por Pedro Sánchez en septiembre de 2024 incluyó de forma expresa la necesidad de reforzar la alfabetización mediática. 

Especialmente en el ámbito educativo, como herramienta para combatir bulos y noticias falsas. En paralelo, el Ejecutivo impulsó una proposición no de ley para introducir formación específica en lenguaje audiovisual y didáctica dirigida al profesorado.

En este contexto, RTVE desempeñó un papel central. La CNMC recogió hasta 67 iniciativas impulsadas por el ente público, que encabezó el listado de entidades con mayor número de medidas relacionadas. Programas, espacios divulgativos y formatos informativos difundidos desde la radiotelevisión pública sirvieron de altavoz a esta estrategia.

Con rostros ampliamente reconocidos como Silvia Intxaurrondo, Xabier Fortes, Gonzalo Miró, Sarah Santaolalla o Jesús Cintora. Habituales defensores del discurso gubernamental sobre la desinformación y el papel de los medios públicos, aunque en ocasiones se han hecho eco de fake news.

El informe también incluyó iniciativas promovidas por plataformas de verificación como Maldita.es, grupos audiovisuales privados como Mediaset. Así como por cadenas autonómicas, medios locales, entidades sin ánimo de lucro e incluso influencers registrados en España. En total, la CNMC contabilizó 580 medidas de alfabetización mediática, que abarcaron desde acciones divulgativas hasta desarrollos normativos.

La estrategia se alineó con las directrices de la Unión Europea en materia de lucha contra la desinformación. De hecho, el regulador destacó un notable incremento de normas relacionadas con la alfabetización mediática. De tres disposiciones legales en el periodo anterior se pasó a trece, cinco promovidas por el Ministerio de Educación y el resto comunidades autónomas.

A este esfuerzo se sumaron otros 10 millones de euros destinados a campañas institucionales para “reafirmar la democracia”. Gestionadas por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Estas acciones, orientadas especialmente a los jóvenes, formaron parte del denominado Plan de Acción por la Democracia. Reforzaron la presencia del Estado en el relato público sobre información, bulos y libertades.