El Gobierno de Pedro Sánchez respaldará con cerca de 340 millones de euros la construcción de una gran desaladora en Casablanca, Marruecos, al mismo tiempo que sigue adelante con los cambios previstos en el trasvase Tajo-Segura. La información, adelantada por El Debate, ha vuelto a reabrir el malestar existente en el sureste español por la política hídrica del Ejecutivo.
La operación se financiará mediante distintos instrumentos públicos ligados al Estado español. Entre ellos figura un crédito de 250 millones de euros del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), además de otras líneas de apoyo vinculadas a CESCE y COFIDES. La planta, liderada por la empresa Acciona, será una de las mayores infraestructuras hídricas del continente africano.
Crece el malestar entre regantes y autonomías
La noticia ha provocado críticas en comunidades especialmente dependientes del trasvase Tajo-Segura, como la Comunidad Valenciana, Murcia y parte de Andalucía. En esas zonas, agricultores y regantes llevan meses alertando del impacto que pueden tener los nuevos recortes previstos por el Ministerio para la Transición Ecológica.
La modificación de las reglas de explotación del trasvase contempla un aumento de los caudales ecológicos del Tajo, algo que, según denuncian organizaciones agrarias y regantes, reducirá el agua disponible para el sureste peninsular. Todo ello en un contexto marcado además por la sequía y por los bajos niveles de varios embalses de la zona.
