Vivas dio al Gobierno un plazo de 30 días para buscar una solución a la situación antes de acudir a los tribunales, incluido el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional
El Gobierno de Pedro Sánchez prepara su respuesta al ultimátum lanzado por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ante la grave crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma. El Ejecutivo ha comenzado a defender sus actuaciones y, al mismo tiempo, a señalar responsabilidades en la gestión de la emergencia.
Vivas dio al Gobierno un plazo de 30 días para buscar una solución a la situación antes de acudir a los tribunales, incluido el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. El presidente ceutí considera que existe una “pasividad casi absoluta” y reclama medidas urgentes ante una presión migratoria que, según sostiene, supera las capacidades de la ciudad.
Moncloa ha respondido acusando al Partido Popular de “mentir” para obtener rédito político a costa de la emergencia. La estrategia del Ejecutivo pasa ahora por enumerar las medidas adoptadas durante las últimas semanas y, paralelamente, cuestionar la actuación de la Administración ceutí.
La ministra de Sanidad, Mónica García, abrió ayer este nuevo frente al reprochar al Gobierno de Ceuta que, 17 días después de la avalancha migratoria, no hubiera habilitado con suficiente rapidez espacios “seguros y salubres” para atender a los migrantes. Según García, estos lugares permitirían concentrarlos, realizar un seguimiento sanitario y aislar posibles brotes.
La ministra de Migraciones, Elma Saiz, anunció además cuatro dispositivos temporales que permitirán incorporar otras 1.500 plazas de atención humanitaria
La ministra recordó que durante la crisis migratoria de 2021 se habilitaron instalaciones de este tipo con mayor rapidez. García también rechazó que el sistema sanitario ceutí esté colapsado, aunque reconoció que se encuentra sometido a una fuerte tensión asistencial por las circunstancias actuales.
Sanidad atribuye parte de las dificultades al hacinamiento y a las condiciones en las que permanecen algunos migrantes. De esta forma, el Gobierno pretende convertir el enfrentamiento con Vivas en una discusión sobre responsabilidades compartidas entre la Administración central y la Ciudad Autónoma.
El Gobierno de Pedro Sánchez prepara su respuesta al ultimátum lanzado por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas
La ministra de Migraciones, Elma Saiz, anunció además cuatro dispositivos temporales que permitirán incorporar otras 1.500 plazas de atención humanitaria. Moncloa utiliza esta medida para defender que está actuando ante la emergencia y que su respuesta no se limita a declaraciones políticas.
El Ejecutivo recuerda también que Interior ha reforzado los efectivos y las unidades de Extranjería, mientras Defensa mantiene movilizadas a las Fuerzas Armadas. Exteriores, por su parte, trabaja con Marruecos en las negociaciones relacionadas con las devoluciones y la gestión de los flujos migratorios.
Vivas ha rechazado las críticas de García y ha defendido la actuación de los ceutíes durante una crisis que considera excepcional. El presidente de Ceuta sostiene que la presión migratoria ha desbordado los recursos disponibles y reclama una respuesta más contundente por parte del Gobierno.
El pulso entre ambas administraciones amenaza con intensificarse durante las próximas semanas. Mientras Vivas mantiene su ultimátum y prepara la vía judicial, Moncloa trata de demostrar que está actuando y acusa al PP de utilizar la emergencia migratoria para obtener rédito político.
