
El Gobierno pone en marcha un buzón anónimo para becarios: podrán denunciar abusos en sus prácticas
El nuevo canal, impulsado por Yolanda Díaz y Sira Rego, permitirá trasladar quejas a la Inspección de Trabajo y se enmarca en el futuro Estatuto del Becario
El Gobierno de Pedro Sánchez ha activado un nuevo canal para que los becarios puedan denunciar de forma anónima posibles abusos en sus prácticas. Las quejas podrán referirse a la falta de relación entre estudios y tareas, a la ausencia de tutorización o a desempeñar el mismo trabajo que empleados en plantilla. La medida entra en vigor desde este lunes.
El Ministerio de Juventud e Infancia, a través del Instituto de la Juventud (Injuve), ha puesto en marcha el llamado ‘Buzón de las personas Becarias’. Esta herramienta permitirá a jóvenes, tanto actuales como antiguos becarios, trasladar irregularidades a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El objetivo es canalizar estas denuncias directamente ante la administración.
La iniciativa fue presentada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la ministra Sira Rego, en el marco de un acuerdo entre el Injuve y el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El buzón contempla casos como la sustitución encubierta de trabajadores, la asunción de funciones propias de empleados contratados o responsabilidades que exceden el carácter formativo. También incluye la falta de supervisión efectiva durante las prácticas.

El Injuve recopilará y ordenará las denuncias antes de remitirlas a la Inspección de Trabajo. Este organismo podrá iniciar actuaciones para comprobar si se cumple la normativa laboral. Se pondrá especial atención a posibles relaciones laborales encubiertas bajo la figura de prácticas no laborales.
Desde el Ministerio sostienen que la medida busca reforzar la protección de la juventud en el ámbito laboral. Argumentan que muchos jóvenes han sufrido situaciones de explotación mediante fórmulas pensadas para la formación. El Ejecutivo defiende que se trata de garantizar que las prácticas no sustituyan empleo estructural a menor coste.
Este anteproyecto regula derechos como la compensación de gastos o las vacaciones y contempla multas de hasta 225.000 euros para las empresas incumplidoras. En 2022 la Inspección detectó más de 3.000 falsos becarios desde 2020, y en 2024 realizó 802 actuaciones que afloraron 220 casos y regularizaron 187 empleos, con más de 450.000 euros en cuotas liquidadas.
El Ejecutivo respalda la medida en datos de la Encuesta de Juventud 2023. Según esas cifras, el 42% de los jóvenes afirma haber sufrido algún tipo de explotación laboral. Entre las situaciones citadas figuran trabajos sin contrato, falsos autónomos o becas no remuneradas.
Con este buzón, el Gobierno amplía su estrategia de vigilancia sobre las condiciones laborales de los jóvenes. El Ministerio considera a este colectivo especialmente vulnerable. Además de intensificar las inspecciones, se prevén campañas informativas dirigidas a estudiantes y empresas.
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