El Gobierno de Pedro Sánchez ha comenzado a enmarcar la regularización extraordinaria de inmigrantes dentro de un contexto más amplio, vinculándola a los efectos del cambio climático en los movimientos de población. Un enfoque que ha llamado la atención por el momento en el que se introduce dentro del debate público.
En distintos entornos administrativos relacionados con Extranjería, se está trasladando la idea de que España ya no es solo un país de paso, sino un destino para personas que abandonan sus lugares de origen por causas diversas, entre ellas fenómenos climáticos extremos como sequías prolongadas o inundaciones. Bajo esta perspectiva, la medida adoptada se presenta como una respuesta a una realidad que, según el Ejecutivo, va a ir en aumento en los próximos años.
Este planteamiento no es completamente nuevo, pero sí supone un paso más en la forma de explicar una decisión que desde su anuncio ha generado controversia política. La regularización, aprobada sin un amplio consenso, ha sido objeto de críticas por su alcance y por el procedimiento seguido.
Un relato que evoluciona
El uso del argumento climático introduce un matiz distinto en el discurso del Gobierno. Hasta ahora, la medida se había defendido principalmente desde una óptica social y laboral, vinculada a la integración y a la economía sumergida. Ahora se añade un componente global que conecta con debates internacionales sobre migración y medio ambiente.
