El caso que rodea a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, vuelve a situarse en el foco político y judicial tras el último posicionamiento de la Fiscalía. En sendos escritos presentados esta semana, el Ministerio Público rechaza llevar a juicio a Gómez y a su asesora en La Moncloa al no apreciar delito, pero introduce un matiz relevante: reconoce la existencia de dudas “éticas” y “estéticas” en su actuación.
El fiscal del caso, José Manuel Baldomero, ha sido claro al respecto. Aunque considera que los hechos investigados no deben derivarse a la vía penal, advierte de que “hay determinadas cuestiones que pueden no resultar éticas ni deseables en un Estado democrático y una Administración transparente”. En su argumentación, subraya la necesidad de evitar “situaciones de riesgo o dudas sobre la rectitud de los funcionarios públicos y la desviación de poder”.
Estas afirmaciones forman parte de un documento de 40 páginas en el que la Fiscalía se opone a la apertura de juicio oral solicitada por el juez instructor, Juan Carlos Peinado. El Ministerio Público insiste en que no existen indicios suficientes para sostener delitos de corrupción, pero deja abierta una reflexión sobre los límites éticos en el ejercicio del poder y el papel de los familiares de altos cargos.
En paralelo, el fiscal plantea que este tipo de situaciones deberían abordarse desde el ámbito político o normativo, especialmente en lo relativo a la regulación de incompatibilidades y funciones de los cónyuges de responsables públicos. “Es una cuestión de índole política”, remarca el escrito, alejando el caso del terreno penal pero manteniéndolo en el debate público.
Frente a estas consideraciones, la posición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mantenido invariable desde el inicio de la investigación. El jefe del Ejecutivo ha defendido de forma reiterada la actuación de su esposa, asegurando que “lo hizo todo bien” y denunciando una supuesta campaña de desprestigio. “Aquí no hay caso, hay fango”, ha afirmado en distintas intervenciones públicas.
El Gobierno sostiene que la investigación forma parte de una estrategia de “acoso y derribo” contra el presidente, una tesis que Sánchez ya expresó en su conocida carta a la ciudadanía en abril de 2024. Desde entonces, el Ejecutivo ha reiterado que no existe irregularidad alguna y que la causa carece de fundamento jurídico.
Sin embargo, las dudas sobre el plano ético no solo han sido señaladas por la Fiscalía. Algunos socios parlamentarios del PSOE también han apuntado en esa dirección. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ya advirtió en su momento de que “seguramente no habrá caso penal, pero hay límites más allá de lo legal”. En la misma línea, formaciones como ERC han planteado la necesidad de regular de forma más clara el papel de los familiares de altos cargos.
